A partir de diciembre de 2025, entrará en vigor la Ley 15.040/2024, conocida como Marco Legal del Seguro, que establecerá directrices para los seguros privados, abarcando reglas, períodos de carencia, plazos, prescripción y normas específicas. "La institución del seguro tendrá efectivamente su propia ley. A partir de ahora, las aseguradoras y los corredores tendrán que ser mucho más claros en sus contratos, sin demasiada subjetividad. La ley pretende proteger mucho más al asegurado", afirma Cleverson Veroneze, director del Sindicato de Seguros de Rio Grande do Sul (SindSeg-RS).
Para el presidente de la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, es importante que haya una interpretación homogénea de la ley. "Esta ley podría llamarse el Código de Defensa del Asegurado. Aporta más claridad a las relaciones contractuales, más transparencia en la comunicación entre aseguradoras y consumidores, y más garantías para los consumidores", afirma.
Oliveira también destaca la regulación de la Ley Complementaria 213/2025, que regula el trabajo de las mutuas y cooperativas de protección. Para él, hasta la aprobación de la ley, estas organizaciones actuaban al margen de la ley, sin reservas técnicas y sin pagar impuestos. "Ahora tenemos un marco claro de supervisión por parte de la SUSEP. Esto crea una nueva realidad para el mercado y dará lugar a una purga, dejando sólo las organizaciones que puedan cumplir los requisitos", dijo. También diferencia los modelos: mientras la aseguradora asume los riesgos y transfiere la protección al consumidor, las asociaciones funcionan según el principio de reparto de costes.
El Superintendente de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), Alessandro Octaviani, señala que la actual ley es un logro importante para todos los integrantes del mercado, como aseguradores, asegurados, corredores, reaseguradores y otros. "Después de un amplio debate en el que se buscó el máximo consenso entre las partes, estructura una arquitectura jurídica de transparencia, certidumbre y confianza en los contratos, que es la base para un ciclo de crecimiento sostenido del mercado", dijo.
La ley fue sancionada y publicada en diciembre de 2024 y establece reglas claras para los contratos, además de adoptar un modelo dual que combina la ley con las acciones de la autoridad reguladora. Con esta medida, Brasil se alinea con países como Inglaterra, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Japón, cuyas reformas de los marcos legales han impulsado el crecimiento económico del sector. El nuevo marco forma parte de una agenda de reformas microeconómicas que tienen el potencial de aumentar la capacidad de crecimiento de la economía sin generar inflación. Además de los beneficios económicos, el nuevo marco jurídico aportará mayor seguridad y transparencia a los consumidores, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, como los seguros de automóviles y de vida.
Por ejemplo, se han establecido limitaciones tanto para las compañías como para los asegurados. Se prohíbe la inclusión de una cláusula de rescisión unilateral del contrato por parte de la aseguradora, salvo en los supuestos previstos por la ley. Además, la aseguradora tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar un siniestro. Por otro lado, el asegurado deberá declarar los riesgos cotidianos en un cuestionario de evaluación de riesgos que deberá cumplimentar en el momento de la contratación. Este mecanismo hace más transparente la identificación de los riesgos y permite una tarificación adecuada al perfil de cada cliente. Deben informar al operador de cualquier cambio que aumente el riesgo, pues de lo contrario perderán su derecho a indemnización.
Para promover el acceso a la justicia y la resolución de conflictos, la ley permite presentar demandas en cualquier estado de Brasil, independientemente del lugar de residencia del asegurador. Esta medida democratiza el acceso a la resolución de conflictos contractuales. Otro punto significativo es el establecimiento de plazos claros para el pago de las indemnizaciones. Este requisito pretende garantizar la previsibilidad y la rapidez en el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras, beneficiando tanto a los asegurados como al mercado. Otra norma estipula que si no se identifica al beneficiario del seguro en un plazo de tres años a partir del fallecimiento del asegurado, el importe pasará al Fondo Nacional de Catástrofes Públicas, Protección y Defensa Civil (Funcap). Se trata de un instrumento cada vez más necesario debido al cambio climático y a los recientes acontecimientos climáticos que han tenido lugar en Brasil.
Fuente: Jornal do Comercio
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