Se ha definido un marco más claro y estricto para abordar el fraude dentro del sistema del SOAT.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia SC3075-2024 emitida por la magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez, estableció nuevas pautas con el fin de fortalecer la efectividad del Sistema Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y hacer frente a los fraudes que perjudican tanto a las aseguradoras como a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

En esta decisión, se exhorta a todos los actores del sistema —en especial a las aseguradoras y a las IPS— a involucrarse activamente en la detección de irregularidades, asegurando que los recursos se destinen a las verdaderas víctimas de accidentes de tránsito.

Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es la obligación para las aseguradoras de implementar auditorías estrictas, buscando un equilibrio entre la eficiencia del sistema y la protección de las víctimas.

La Corte indicó que este proceso debe regirse por la transparencia y la diligencia, en concordancia con los principios de buena fe consagrados en la Constitución.

El fallo también resalta que las aseguradoras deben actuar con iniciativa para detectar fraudes, especialmente aquellos relacionados con la facturación de servicios no prestados por las IPS o la manipulación de historias clínicas para simular víctimas. Además, estas entidades podrán presentar dichas irregularidades como argumentos en procesos judiciales.

Por otro lado, la Corte aclaró que, aunque las IPS tienen el deber de brindar atención médica oportuna a los pacientes accidentados, no están obligadas a investigar o auditar la autenticidad de los hechos del accidente.

Obligarlas a ello sería injusto y pondría en riesgo la salud de los pacientes, ya que podría retrasar los tratamientos mientras se verifica la información del siniestro.

En conclusión, la sentencia enfatiza que la lucha contra el fraude debe ser un esfuerzo conjunto, pero también reconoce las diferencias en las funciones y capacidades de los actores del sistema.

Las IPS no tienen ni los medios ni la autoridad para verificar la veracidad de los accidentes, siendo esta una tarea que recae principalmente en las aseguradoras, quienes deben identificar irregularidades sin interferir en la atención médica de las víctimas.

 

Fuente: Diario del Magdalena

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