Mientras más de 546.000 bovinos y 231.000 hectáreas resultan afectadas, en Colombia apenas entre 1 y 5 % de la tierra agropecuaria está asegurada.
La emergencia climática de inicio de año, que azota a varios departamentos y municipios del país —especialmente en el norte—, no solo deja casas bajo el agua, cientos de familias sin hogar y carreteras intransitables; también miles de cabezas de ganado afectadas y grandes extensiones de tierra y cultivos anegados, en una imagen que se repite cada año. Pero, además, vuelve a exhibir otra fragilidad estructural del agro colombiano: la falta de aseguramiento.
En Colombia apenas entre el 2 y el 4 por ciento de las pérdidas por inundaciones están aseguradas, y solo entre el 1 y el 5 por ciento de las tierras agropecuarias cuentan con cobertura, según datos sectoriales. El contraste es contundente: mientras el frente frío costero deja más de 231.208 hectáreas afectadas y 546.719 bovinos impactados, el grueso de los productores queda expuesto y termina recurriendo al auxilio estatal.
Las cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) son elocuentes. Según el informe “Afectaciones por lluvias del frente frío costero en Colombia – 2026”, solo en ocho departamentos se registran: 27.075 predios afectados, 546.719 bovinos afectados, 3.166 bovinos muertos, 231.208 hectáreas impactadas. Córdoba encabeza la lista con 145.638 hectáreas afectadas y más de 450.000 bovinos comprometidos.
A lo anterior se suman las advertencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungr): más de 93.000 personas damnificadas, 27.000 de ellas también solo en Córdoba. La dimensión del desastre es macroeconómica. Pero la protección financiera es mínima, advierten algunas voces expertas.
Seguros hay, pero...
No es falta de instrumentos. Las primeras normas en materia de seguros agropecuarios en Colombia no son recientes, datan de 1985 —hace más de cuatro décadas—. La expedición de la Ley 69 de 1993, que dio inicio al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) y al esquema de subsidios a la prima para actividades agrícolas (ISA), marcó un punto de partida importante en esta actividad. Si bien la normativa ha evolucionado, siendo la Ley 2178 de 2021 una de las más recientes en brindar seguridad jurídica y financiera al sector, el balance en este frente es agridulce.
En la última década el aseguramiento de la tierra cultivable apenas ha crecido un 8,7 por ciento, es decir, apenas se han aumentado 14.262 hectáreas; solo hay 74.887 beneficiados del ISA y 91 productos amparados, mientras que el incentivo pagado por el Gobierno ha crecido 268,8 por ciento en esos mismos 10 años y la cobertura de la pima del seguro, ha crecido 17 puntos porcentuales, según Finagro.
Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), explican que en 2025 se pagaron más de 68.000 millones de pesos en siniestros, principalmente por vientos fuertes y exceso de lluvias que afectaron cultivos como plátano y banano.
“El seguro agropecuario demuestra que es una herramienta vigente y necesaria. Permite estabilizar el ingreso rural y reducir la presión fiscal del Estado en momentos de crisis”, señaló el gremio.
Sin embargo, hay una alerta: las primas emitidas el año pasado cayeron 18,1 por ciento frente a 2024, lo que refleja limitaciones presupuestales del incentivo y la alta dependencia del subsidio estatal.
De los 181 municipios afectados por la ola invernal, 154 registran productores con pólizas de seguro agropecuario con el ISA, señalan voceros de Finagro, quienes explican que, el valor asegurado allí asciende a 156.043 millones de pesos, con un subsidio de 21.343 millones, lo que indica que "por cada peso que invirtió el Ministerio de Agricultura en este instrumento, se aseguraron 7 pesos en inversiones agropecuarias en 16.951 hectáreas y 1.699 animales, cubiertos por el seguro".
Pero el mercado sigue atado al apoyo público, advierte Fasecolda, por lo que, “el desafío es pasar de un esquema reactivo ante desastres a uno preventivo y estructural de gestión del riesgo climático”, insiste el gremio.
Fuente: El Tiempo
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