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Pacto Histórico presenta una nueva reforma a la salud con cambios al modelo de aseguramiento
Colombia, Julio 31 , 2026
Según actores, la iniciativa, en esencia, es la misma que fue archivada en la legislatura pasada.
Un nuevo debate se abrió en el sector de la salud después de que el Pacto Histórico radicara en la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley para transformar el sistema de salud colombiano, con el que busca reemplazar el actual.
La iniciativa, presentada el 20 de julio, plantea cambios en el modelo de atención, la gobernanza y el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, los actores del sector sostienen que, en esencia, se trata de la misma reforma que se ha hundido en reiteradas veces durante el actual Gobierno.
En términos generales, la propuesta señala que su propósito es transformar el sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante un modelo centrado en la Atención Primaria en Salud (APS), reorganizar las instituciones, redefinir el uso de los recursos financieros y establecer un sistema público unificado de información.
El articulado plantea que el nuevo esquema estará basado en el aseguramiento social en salud, entendido como una protección pública, universal, eficiente y solidaria. Al mismo tiempo, establece que la gestión del riesgo financiero será responsabilidad del Estado y que la operación del sistema mantendrá la participación de actores públicos, privados y mixtos mediante las Gestoras de Salud y Vida.
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la consolidación de la Atención Primaria en Salud como estrategia transversal del sistema. El proyecto indica que estará integrada por las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, la acción intersectorial y la participación social, comunitaria y ciudadana para garantizar un acceso equitativo a los servicios en todo el territorio.
En ese contexto, el proyecto define un modelo predictivo, preventivo y resolutivo como política de Estado. El documento señala que estará orientado a desarrollar acciones territoriales permanentes, fortalecer el nivel primario de atención y organizar la prestación mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, conocidas como RIITS.
Ahora bien, para Jesús Albrey Gonzalez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico esta versión 2.0 de la reforma conserva los mismos argumentos y la misma base del articulado que ya fue archivado en la legislatura anterior.
“Esta reforma no va a tener mayor éxito en los trámites del legislativo, dado que ya hay un cambio de gobierno con una visión del sistema de salud distinta. Tampoco podemos olvidar que la reforma a la salud como bandera del presidente Gustavo Petro fue un fracaso, dado que no logró reunir el consenso de los actores del sistema y de la sociedad para su aprobación”, opinó.
¿Cómo va a funcionar?
En el nuevo articulado, se plantea dentro de una reorganización, que los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) adquieran un papel central. El texto establece que en este nivel operarán los equipos de salud territoriales de acuerdo con las necesidades de la población y concentrarán la atención primaria dentro del nuevo modelo asistencial.
La iniciativa también modifica la estructura institucional del sistema al concentrar la rectoría en el Ministerio de Salud y Protección Social. El articulado dispone que esa cartera orientará la toma de decisiones, formulará las políticas públicas y coordinará los procesos del sistema, mientras gobernadores y alcaldes ejercerán esa función en sus respectivos territorios.
Como parte de los cambios institucionales, el proyecto crea el Consejo Nacional de Salud, una instancia adscrita al Ministerio de Salud que reunirá representantes del Gobierno, entidades territoriales, trabajadores, pacientes, academia, comunidades étnicas, campesinos, Gestoras de Salud y Vida y prestadores de servicios de salud.
Entre sus funciones estará formular recomendaciones sobre la definición anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), hacer seguimiento al funcionamiento del sistema, evaluar la implementación de la ley, revisar informes territoriales y proponer estrategias frente a emergencias sanitarias o financieras que puedan afectar la continuidad de la prestación de los servicios.
Otro de los componentes de la reforma es la creación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS). El proyecto establece que todos los actores del sistema deberán reportar de manera obligatoria la información administrativa y asistencial para garantizar trazabilidad, transparencia y acceso en tiempo real a las transacciones del sector.
Los mayores cambios
Uno de los cambios de mayor alcance corresponde a la transformación de la Adres. La entidad pasará a denominarse Administradora de los Recursos del Sistema de Salud y asumirá el recaudo, administración y control del Fondo Único Público de Salud, además del flujo financiero del sistema.
El proyecto dispone que la Adres actuará como pagador único del sistema para los servicios de mediana y alta complejidad, realizará giros directos a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, administrará los recursos destinados a los CAPS y efectuará los pagos correspondientes a las Gestoras de Salud y Vida.
La iniciativa también establece que todos los recursos fiscales y parafiscales destinados al aseguramiento social en salud serán concentrados en un Fondo Único Público de Salud. Allí confluirán cotizaciones, recursos del Sistema General de Participaciones, aportes territoriales, recursos del Presupuesto General de la Nación, impuestos saludables y otras fuentes previstas en la ley.
En materia de financiación, el articulado incorpora dos medidas adicionales. La primera plantea que el Gobierno amplíe progresivamente el gasto del sector salud en un monto equivalente al 1% del Producto Interno Bruto entre 2026 y 2032. La segunda destina el 100% del recaudo de los impuestos saludables al financiamiento del sistema.
Los recursos administrados por la Adres estarán destinados a financiar la atención primaria, los equipos territoriales, el transporte de pacientes, la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la formación del talento humano y otros componentes contemplados dentro del nuevo esquema de aseguramiento social.
El proyecto también incorpora un capítulo dirigido a fortalecer la producción nacional de medicamentos y la capacidad regulatoria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El texto dispone que el Gobierno diseñará un plan integral para modernizar la entidad, fortalecer su talento humano y automatizar procesos regulatorios.
En esa misma línea, la propuesta establece que el Invima deberá agilizar los trámites relacionados con la fabricación local de medicamentos y fija un plazo máximo de seis meses para obtener las aprobaciones correspondientes, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales establecidos por la normatividad vigente.
Fuente: Portafolio