La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) considera que la nueva Ley de Modernización Laboral es una oportunidad única para que la Justicia frene los abusos en demandas por accidentes de trabajo.

Ley de Modernización Laboral

Ante el récord de litigiosidad de 2025 con más de 134.000 casos en todo el país, la nueva legislación introduce herramientas para mejorar la previsibilidad del sistema y ordenar aspectos estructurales del proceso que serán materia de aplicación de la Justicia.

Entre los puntos centrales de la ley, con relación a la judicialidad en riesgos del trabajo, se destacan los siguientes.

Honorarios periciales

Los peritos ya no cobrarán un porcentaje de la indemnización que ellos mismos establecen (art. 78). La ley crea un nuevo esquema de honorarios, con mínimos no porcentuales, sujeto a determinación del juez según tarea efectivamente realizada (arts. 95 a 97).

Obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema

Cuyo incumplimiento podría configurar mal desempeño, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando el dispendio judicial vinculado a las apelaciones y vías recursivas (art. 89).

Fuero laboral en CABA

Transferencia del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires, aportando claridad institucional a la situación actualmente vigente (arts. 90 y 91).

Cuerpos Médicos Forenses (CMF)

Incorporación de parámetros técnicos objetivos vinculados a los CMF y pericias judiciales, reduciendo discrecionalidades (art. 154).

Mara Bettiol, presidente de la UART, explicó: “la norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para los jueces de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento. Con la vigencia de la nueva ley, la llave estará en la interpretación y aplicación que realice la Justicia. El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento”.

2025 récord

En 2025 se registraron más de 134.000 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo, con una tasa de 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores.

Además, el 73% de la litigiosidad se concentra en tres provincias: PBA, CABA y Santa Fe, generando una profunda afectación de la competitividad laboral dentro del país.

Este nivel de judicialización no solo resulta altísimo en términos absolutos, sino desproporcionado al compararlo entre las provincias o con otros países.

Jurisdicción    Juicios ingresados     Índice cada 10.000 trabajadores

• PBA 314          159,4



• CABA 325          112,8



• Santa Fe 787          295,9



• Mendoza 335  207,7



• Córdoba 414  126,5



• Chubut 985  235,8



• San Luis 497  300,2



• Neuquén 717  115,8



• Entre Ríos 502  87,0



• Jujuy 303  178,6



• Santiago del Estero 811     59,7



• Misiones 709     50,5



• Río Negro 660     30,1



• San Juan 606     37,0



• Tierra del Fuego 500     70,1



• Tucumán 425     12,6



• Corrientes 319     18,5



• Santa Cruz 221     30,6



• Chaco 191 17,6



• Formosa 157     49,0



• La Pampa 149     17,3



• Salta 125     4,9



• La Rioja 45      12,1



• Catamarca 42      7,0



• Total país 141        132,8

La doble paradoja del sistema de riesgos del trabajo en Argentina

Paradoja interna

Menos accidentes y menos fallecimientos, pero más juicios. Desde la implementación del sistema de riesgos del trabajo, los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos descendieron un 80%, lo que representa más de 19.000 vidas salvadas. Sin embargo, la litigiosidad no acompañó esa mejora objetiva en los indicadores de seguridad y prevención.

Paradoja internacional

Estándares de gestión alineados con el mundo, pero litigiosidad desbordada. Mientras Chile registra 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España 8,5, Argentina alcanza 132,8. La litigiosidad argentina es 2.200% superior a la chilena y 1.500% superior a la española, pese a contar con un sistema alineado con estándares internacionales y con cobertura incluso más protectora.

El rol determinante de la Justicia

La reforma marca un punto de inflexión. Su efectividad dependerá de la interpretación y aplicación judicial consistente de la ley. Reducir la litigiosidad injustificada no es un objetivo sectorial: es una condición necesaria para mejorar la competitividad de las provincias, fortalecer el empleo formal y consolidar un sistema que ya demostró resultados contundentes en prevención y protección.

El país cuenta hoy con una oportunidad concreta para comenzar a normalizar un fenómeno que se encuentra fuera de escala. El marco legal está dado. La responsabilidad institucional en su implementación será decisiva para transformar esta oportunidad en una solución sostenible.

La Justicia Laboral tiene ahora la oportunidad de frenar la alta litigiosidad, una tarea que exige el cumplimiento de deberes fundamentales, como es cumplir y hacer cumplir con la parametrización de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Solo con un compromiso activo de los magistrados, y dejando atrás la pasividad cómplice frente a las pericias infladas, se logrará la plena efectividad de esta legislación.

Fuente: Todo Riesgo

Enlace: https://todoriesgo.com.ar/uart-justicia-ley-modernizacion-laboral/