Esta modalidad registra un crecimiento del 65,1 % en el Norte y el Nordeste y protege a las partes contratantes en caso de incumplimiento contractual
La paralización de las obras sigue siendo uno de los principales retos del sector de la construcción en Brasil. Los datos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) muestran que, a finales del año pasado, había 11 469 obras públicas paralizadas en el país, lo que equivale a aproximadamente la mitad (50 %) de los proyectos con fondos federales en curso. Según el Panel de Obras Paralizadas de este organismo, la interrupción de estos proyectos ya supone un despilfarro de 15 900 millones de reales en fondos públicos invertidos. Esta situación pone de manifiesto los impactos económicos y sociales provocados por la interrupción de los proyectos y refuerza la importancia de contar con mecanismos capaces de reducir los riesgos asociados al incumplimiento contractual, como el Seguro de Garantía.
Los proyectos que quedan paralizados debido a las dificultades financieras a las que se enfrentan las constructoras suelen generar una serie de repercusiones para las promotoras, los inversores, las comunidades de propietarios y los compradores. Además de los perjuicios económicos, la interrupción de una obra puede comprometer los plazos, elevar los costes y crear un clima de inseguridad para todos los implicados. En este contexto, el Seguro de Garantía ha ido ganando cada vez más terreno como instrumento de protección contractual en la construcción civil.
Las cifras respaldan esta tendencia. Los datos de la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg) muestran que el seguro de garantía registró un crecimiento del 23,6 % en la recaudación en todo Brasil. En la zona de actuación del Sindicato de Aseguradoras del Norte y el Nordeste (Sindsegnne), que abarca 13 estados de ambas regiones, excepto Bahía, Sergipe y Tocantins, el avance fue aún más notable, alcanzando el 65,1 %. Estos resultados ponen de manifiesto la expansión de este tipo de seguro y su creciente importancia en el mercado asegurador.
Aunque se utiliza ampliamente en grandes obras de infraestructura y contratos públicos, el seguro de garantía también está presente en proyectos privados y tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa responsable de la ejecución de la obra.
Según el representante de Sindsegnne, Altevir Junior, esta modalidad ofrece una protección importante al contratante en caso de que la constructora incumpla el contrato por motivos como dificultades financieras, insolvencia o abandono de la obra.
«El seguro de garantía funciona como un mecanismo de protección para el contratante. Si se incumple alguna de las obligaciones previstas en el contrato, se puede recurrir a la aseguradora para que cumpla lo establecido en la póliza, reduciendo así los impactos financieros y operativos derivados de la interrupción de la obra», explica.
Al contrario de lo que muchos piensan, este tipo de seguro no tiene como objetivo cubrir todos los costes del proyecto ni sustituir íntegramente a la constructora. La cobertura se limita a las condiciones y al importe contratados en la póliza. Dependiendo del contrato, la aseguradora podrá indemnizar al contratante hasta el límite asegurado o adoptar las medidas previstas en la póliza para garantizar la continuidad de la obra.
«El seguro de garantía no impide que una empresa se enfrente a dificultades financieras, pero crea una capa adicional de seguridad para quien ha contratado ese servicio. En lugar de asumir por sí solo todas las pérdidas derivadas del incumplimiento, el contratante cuenta con una estructura especializada para buscar una solución prevista en la póliza», destaca el representante.
Además de reducir el impacto financiero provocado por el incumplimiento contractual, el Seguro de Garantía refuerza la confianza en las relaciones comerciales de la cadena de la construcción, lo que contribuye a que los proyectos tengan una mayor previsibilidad ante situaciones inesperadas.
Según Altevir Junior, el Seguro de Garantía no debe confundirse con los seguros dirigidos a los compradores de inmuebles. Su beneficiario es, por regla general, el contratante de la obra, ya sea una promotora inmobiliaria, una comunidad de propietarios, una empresa privada o un organismo público. Por ello, su función es garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la constructora en el contrato firmado entre las partes.
Para el experto, esta modalidad se está consolidando como una importante herramienta de gestión de riesgos para el sector. «Más que un requisito contractual, el seguro de garantía representa una capa adicional de seguridad para los contratos de construcción. En un contexto en el que la paralización de las obras puede generar repercusiones financieras significativas, los mecanismos capaces de mitigar estos riesgos cobran cada vez más relevancia para los contratantes y para toda la cadena de la construcción», concluye.
Fuente: Revista Cobertura
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