Boletín Nº 6313
El proyecto de ley para reducir los impuestos de las reaseguradoras nacionales pasa a la firma presidencial
Brasil, Septiembre 09 , 2026
Fuente: 12. Senado
El Pleno aprobó este jueves (13) un proyecto de ley que reduce los impuestos que pagan las reaseguradoras nacionales. El proyecto de ley 3.540/2026, que se tramitó con carácter de urgencia, pasa ahora a la firma presidencial. Las reaseguradoras son empresas que asumen parte de los riesgos de las aseguradoras, sobre todo en situaciones en las que pueden producirse pérdidas elevadas. Es una especie de «seguro del seguro».
Entre los cambios se encuentra la reducción del tipo impositivo de la Contribución Social sobre el Beneficio Neto (CSLL) de las reaseguradoras locales, del 15 % al 9 %. Además, estas empresas podrán ahora deducir pérdidas fiscales anteriores sin el límite del 30 % que existía anteriormente, y quedarán exentas de un recargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) que se les aplicaba.
Los efectos prácticos son escalonados. La reducción de la CSLL y la nueva norma de deducción de pérdidas entrarán en vigor a partir de 2027. La exención del recargo del IRPJ no entrará en vigor hasta 2030.
«Asimetrías fiscales»
El senador Camilo Santana (PT-CE), designado ponente del proyecto en el Pleno, afirmó que el proyecto pretende corregir las «asimetrías fiscales históricas». Según él, las reaseguradoras brasileñas están sujetas a elevados tipos impositivos del CSLL y al recargo del IRPJ del 10 %, lo que supone una carga nominal comparable a la de las grandes entidades financieras bancarias.
«Las reaseguradoras extranjeras suelen operar en jurisdicciones con regímenes fiscales más competitivos. Esta asimetría desincentiva el mantenimiento de capital en Brasil e incentiva el envío de primas de reaseguro al extranjero, lo que genera una salida de divisas», argumentó.
El ponente destacó que la modificación de los tipos impositivos y de las normas de compensación de los impuestos federales (IRPJ y CSLL) mediante ley ordinaria cumple estrictamente el requisito constitucional del principio de legalidad tributaria.
Camilo Santana afirmó que el establecimiento de plazos diferenciados para la entrada en vigor demuestra responsabilidad fiscal y planificación presupuestaria, lo que permitirá una transición segura.
Fuente: 12. Senado