El diputado Geraldo Resende (UNIÃO/MS) ha presentado un proyecto de ley que deroga algunas disposiciones del Código Civil y del Decreto-Ley 73/66 para obligar a las aseguradoras a proporcionar un vehículo de sustitución a los terceros perjudicados en un accidente de tráfico.

Según el texto de la propuesta, en los contratos de seguro de daños a vehículos que incluyan cobertura de responsabilidad civil, en caso de accidente en el que se demuestre la responsabilidad del asegurado, la aseguradora estará obligada a proporcionar un vehículo de sustitución al tercero perjudicado.

Dicho vehículo de sustitución deberá ponerse a disposición en un plazo máximo de cinco días laborables, a partir de la notificación del siniestro a la aseguradora por parte del asegurado, y permanecerá a disposición del tercero perjudicado hasta que concluya la reparación o sustitución del vehículo siniestrado.

Además, el vehículo de sustitución deberá ser compatible con la categoría del vehículo dañado.

El autor del proyecto recuerda que, en la actualidad, la puesta a disposición de un vehículo de sustitución por parte de las aseguradoras se limita, por regla general, al asegurado y está condicionada a la contratación de una cobertura específica. Por el contrario, el tercero perjudicado —a menudo la verdadera víctima del siniestro— queda desamparado, soportando por sí solo las consecuencias derivadas de la imposibilidad de utilizar su vehículo durante el tiempo necesario para su reparación o indemnización. «Esta situación pone de manifiesto un evidente desequilibrio en las relaciones de seguros. Al fin y al cabo, quien no ha contribuido a que se produzca el accidente acaba soportando pérdidas significativas, que van más allá del mero daño material al vehículo», señala el diputado.

Añade, además, que la privación del medio de transporte puede comprometer las actividades profesionales, los tratamientos médicos, los compromisos familiares y otras necesidades cotidianas, generando inconvenientes que podrían mitigarse mediante una actuación más eficiente y socialmente responsable por parte de las aseguradoras. «La propuesta pretende hacer efectivo el principio de la reparación integral del daño, ampliamente reconocido por el ordenamiento jurídico brasileño, según el cual la víctima debe ser devuelta, en la medida de lo posible, a la situación en la que se encontraba antes de que se produjera el hecho lesivo», subraya el diputado.

 

Fuente: CQCS

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