El Proyecto de Ley de Seguros remitido recientemente al Congreso Nacional representa una de las iniciativas más relevantes de actualización del marco regulatorio del sector asegurador paraguayo desde la promulgación de la Ley Nº 827/1996. Así lo sostuvo Marco Pontes, miembro del Actuarial Standards Committee (ASC) de la International Actuarial Association (IAA), del Instituto Brasileño de Actuaría (IBA) y del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (IBGC), quien analizó los principales alcances de la propuesta y su alineación con las tendencias regulatorias internacionales.
En diálogo con 100% SEGURO, el especialista explicó que el sector asegurador mundial ha atravesado en las últimas décadas un intenso proceso de modernización regulatoria impulsado por la creciente sofisticación de los mercados financieros, el aumento de la complejidad de los riesgos y la necesidad de fortalecer la protección de los consumidores.
En ese contexto, señaló que la propuesta paraguaya “trasciende una simple revisión legislativa” y constituye “una transformación estructural de la manera en que las aseguradoras y reaseguradoras serán administradas, supervisadas y evaluadas”, alineando al mercado local con las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos y solvencia.
Pontes remarcó que las transformaciones más profundas de los mercados financieros suelen ser impulsadas por los reguladores y supervisores mediante la introducción de nuevos estándares mínimos de gobierno corporativo, transparencia y gestión prudencial. En ese sentido, consideró que el proyecto paraguayo sigue una trayectoria observada en diversos mercados desarrollados, donde la supervisión dejó de concentrarse exclusivamente en requisitos contables para incorporar una visión prospectiva de los riesgos asumidos por las instituciones financieras.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la adopción de un modelo de supervisión basada en riesgos inspirado en Solvencia II, régimen implementado en la Unión Europea y reconocido como una de las principales referencias mundiales en materia de supervisión prudencial de aseguradoras.
“Su objetivo central consiste en asegurar que cada aseguradora mantenga niveles de capital compatibles con el perfil de riesgo efectivamente asumido, fortaleciendo la protección de los asegurados y la estabilidad del sistema”, explicó.
Al referirse a Solvencia II, indicó que se trata de “un conjunto integral de medidas destinadas a fortalecer el sistema de solvencia de las compañías de seguros establecidas en la Unión Europea”, diseñado para sustituir regímenes regulatorios anteriores mediante una metodología más sofisticada para determinar el capital que cada entidad debe mantener.
Asimismo, el socio fundador de LGP Soluções Atuariais Ltda. destacó que este modelo introdujo importantes exigencias de transparencia y divulgación de información sobre el perfil de riesgo y la situación financiera de las aseguradoras, fortaleciendo la disciplina de mercado y la protección de los consumidores.
En ese marco, consideró que la incorporación de los tres pilares inspirados en Solvencia II constituye probablemente el principal mérito técnico de la propuesta paraguaya.
El primer pilar establece requerimientos de capital vinculados a los riesgos efectivamente asumidos por las aseguradoras. El segundo incorpora exigencias relacionadas con el gobierno corporativo, la gestión integral de riesgos, los controles internos y la supervisión. El tercero fortalece la transparencia mediante la divulgación de información financiera, actuarial y de solvencia al mercado.
Para Pontes, “la integración de estos tres componentes crea un sistema más robusto y con mayor capacidad para identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas de solvencia”.
Otro de los avances señalados por el especialista es el fortalecimiento del gobierno corporativo. El proyecto exige que las aseguradoras y reaseguradoras mantengan estructuras formales de gestión de riesgos, auditoría interna, controles internos, administración de conflictos de interés y supervisión de actividades tercerizadas.
Según indicó, estos requisitos reflejan recomendaciones ampliamente promovidas por la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) y acercan al Paraguay a los estándares aplicados en los mercados aseguradores más desarrollados.
También destacó la ampliación del concepto de solvencia. Explicó que, históricamente, la capacidad financiera de las aseguradoras era evaluada con fuerte énfasis en las provisiones técnicas destinadas a cubrir las obligaciones esperadas derivadas de los contratos de seguro.
Sin embargo, sostuvo que el nuevo modelo preserva la importancia de las provisiones técnicas, pero reconoce que la protección de los asegurados exige mecanismos adicionales capaces de absorber pérdidas derivadas de eventos extremos y situaciones adversas no contempladas en los escenarios ordinarios de operación.
Por esa razón, el proyecto incorpora requerimientos de capital basados en riesgos destinados a soportar pérdidas inesperadas derivadas de fluctuaciones de mercado, incumplimientos de contrapartes, fallas operativas o eventos catastróficos.
Desde la perspectiva actuarial, Pontes afirmó que la propuesta también representa un avance significativo al reconocer formalmente el papel estratégico de la ciencia actuarial en la sostenibilidad del mercado asegurador.
“El proyecto establece que las bases técnicas utilizadas para la tarificación de productos y la constitución de provisiones técnicas deberán ser certificadas por actuarios autorizados”, señaló, destacando la importancia del rigor técnico en la evaluación de las obligaciones futuras asumidas por las aseguradoras.
Asimismo, indicó que las nuevas exigencias relacionadas con la suficiencia de las provisiones técnicas, la calidad de los datos y la adecuación de las metodologías utilizadas contribuyen a elevar la confiabilidad de los estados financieros y de los pasivos aseguradores.
La transparencia constituye otro de los ejes centrales de la reforma. En este sentido, destacó que la obligatoriedad de auditorías externas independientes sobre los estados financieros, los informes actuariales y los informes de situación financiera y solvencia fortalece significativamente la calidad de la información disponible para el mercado.
A su criterio, esta medida amplía la capacidad de evaluación por parte de reguladores, inversionistas, asegurados y demás participantes del sector, contribuyendo al fortalecimiento de la disciplina de mercado y de la confianza institucional.
La protección del consumidor también ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta. Las nuevas disposiciones incorporan exigencias relacionadas con la conducta de mercado, la transparencia informativa, la protección de datos personales, la publicidad responsable, la educación aseguradora y la libertad de elección del consumidor.
“Este enfoque se encuentra alineado con las tendencias regulatorias internacionales que reconocen que la estabilidad financiera y la protección de los consumidores constituyen objetivos complementarios e inseparables”, afirmó.
Otro aspecto resaltado por Pontes se refiere a los mecanismos de intervención y resolución de entidades en dificultades. Explicó que el proyecto crea instrumentos graduales de regularización, recuperación y salida ordenada del mercado, permitiendo una actuación preventiva de la supervisión antes de que eventuales problemas comprometan los intereses de los asegurados.
A su entender, esta aproximación contribuye a reducir riesgos sistémicos y acerca al Paraguay a los modernos modelos de resolución adoptados internacionalmente después de las crisis financieras de las últimas décadas.
La regulación de las operaciones de reaseguro también forma parte de los puntos fortalecidos por la iniciativa. De acuerdo con el especialista, la propuesta refuerza los requisitos relacionados con la efectiva transferencia de riesgos y limita la utilización de estructuras que puedan comprometer la verdadera mitigación de los riesgos asumidos por las aseguradoras.
Finalmente, destacó la apertura a la utilización de medios electrónicos y nuevas tecnologías en la comercialización y administración de seguros.
“Esta modernización regulatoria crea condiciones favorables para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la ampliación de la inclusión aseguradora y el aumento de la eficiencia operativa de las compañías”, sostuvo.
En síntesis, Pontes consideró que el Proyecto de Ley de Seguros del Paraguay representa una reforma alineada con las principales tendencias internacionales en materia de supervisión prudencial y conducta de mercado.
Al incorporar conceptos inspirados en Solvencia II, fortalecer el gobierno corporativo, ampliar los requerimientos de capital basados en riesgos, valorizar la función actuarial, reforzar la transparencia y mejorar la protección de los consumidores, afirmó que la propuesta establece bases sólidas para el desarrollo sostenible del mercado asegurador paraguayo.
“Más que una actualización normativa, se trata de una iniciativa capaz de posicionar al Paraguay entre los países latinoamericanos que vienen adoptando modelos regulatorios compatibles con los desafíos de un mercado asegurador cada vez más sofisticado, competitivo e integrado a los estándares globales”, concluyó.
Fuente: 100% Seguro
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