El tejido empresarial español cerró 2024 con un dato que enciende todas las alarmas: 6.690 empresas se declararon en concurso de acreedores, lo que supone un incremento del 26 % respecto al año anterior y el mayor número de insolvencias en la última década.
El dato, recogido en el Global Bankruptcy Report 2025 de Dun & Bradstreet (publicado por Informa D&B), coloca a España como el segundo país europeo con mayor aumento de quiebras, solo por detrás de Países Bajos. En este escenario, contar con un seguro de crédito o un seguro de impago se convierte en una herramienta esencial para garantizar la liquidez empresarial.
Sectores más golpeados
El impacto no fue homogéneo. El sector financiero y de seguros registró un aumento de quiebras del 72,5 %, mientras que en información y comunicaciones el alza fue del 68,5 %.
Por su parte, actividades vinculadas al turismo, hostelería y transporte siguen sin recuperar los niveles previos a la pandemia, lo que las mantiene entre las más vulnerables.
Otros sectores, como sanidad, minería e inmobiliario, mostraron una evolución más favorable, con descensos en las insolvencias. Sin embargo, el panorama general apunta a que la recuperación sigue siendo frágil y desigual.
Los motivos detrás del récord
Expertos consultados coinciden en que varios factores han confluido para explicar esta oleada de quiebras:
La Ley Concursal de 2022, que pretendía facilitar reestructuraciones, retrasó durante meses la quiebra de muchas compañías. Al no superar sus dificultades, la estadística de insolvencias se disparó en 2024.
El fin de la moratoria concursal, vigente durante la pandemia, evitó quiebras inmediatas entre 2020 y 2022. Su levantamiento liberó un embalse de insolvencias que finalmente afloraron.
Presiones macroeconómicas: inflación persistente, subida de tipos de interés y débil demanda global, que redujeron márgenes y complicaron el acceso al crédito. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 85 % de las empresas españolas asegura que los retrasos en los cobros limitan sus planes de inversión y crecimiento.
Las pymes, que representan el 99,8 % del tejido empresarial español, fueron las más afectadas: en 2024, unas 480.000 operaban con pérdidas y 196.000 sufrían problemas graves de liquidez, según el Barómetro de los Gestores Administrativos. Muchas de ellas carecían de protección frente a la morosidad empresarial, como la que ofrece el seguro de crédito.
Factores estructurales y financieros
La fotografía empresarial se completa con un aumento de los costes laborales, que pasaron de 2.555 € a 2.985 € por trabajador entre 2018 y 2023, y una deuda pública que alcanzó los 1,62 billones de euros en 2024 (más del 101 % del PIB).
El Banco de España advierte que, aunque la inflación comienza a moderarse, el contexto sigue siendo “extraordinariamente complejo”, con riesgos geopolíticos, tensiones arancelarias y disrupciones en el comercio global que podrían condicionar la evolución de 2025.
Fondos europeos: una palanca infrautilizada
Uno de los elementos más polémicos es el limitado impacto de los fondos Next Generation EU en las pymes. España tiene asignados 163.000 millones de euros, de los cuales 83.000 son transferencias no reembolsables, pero muchas pequeñas empresas denuncian que el acceso a estos recursos es complejo y burocrático.
En paralelo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha ampliado sus líneas de crédito a sectores estratégicos como energías renovables, digitalización o eficiencia energética. Sin embargo, la falta de información y acompañamiento dificulta que las empresas más pequeñas aprovechen estos instrumentos.
Una mejor canalización de estas ayudas podría convertirse en un factor decisivo para fortalecer la resiliencia del tejido empresarial en los próximos años.
Creación de empresas: resiliencia parcial
No todo fueron malas noticias. En 2024 se crearon 119.467 nuevas empresas, un 9,6 % más que en 2023, lo que refleja el dinamismo del emprendimiento en España.
Sin embargo, la cifra contrasta con la pérdida neta de 129.000 negocios, lo que evidencia que la balanza sigue siendo negativa. La elevada mortalidad empresarial, especialmente entre microempresas y autónomos, revela una fragilidad estructural que no se resuelve únicamente con nuevas altas en el Registro Mercantil.
Perspectivas para 2025
De cara a 2025, los analistas prevén que las quiebras seguirán en niveles altos. Dun & Bradstreet estima que las insolvencias continuarán aumentando durante el año, aunque a un ritmo menor.
Allianz, en su Global Insolvency Outlook, apuntaba a una posible estabilización en 2025 y un ligero descenso en 2026, aunque estas proyecciones no contemplaban efectos recientes como las moratorias tras la Dana.
En cualquier caso, la combinación de entorno financiero restrictivo, morosidad y tensiones geopolíticas mantiene un escenario de riesgo elevado para el tejido empresarial español.
Cómo protegerse frente al riesgo de impago
La realidad de 2024 ha puesto de manifiesto la importancia de anticipar los problemas de solvencia de clientes y contar con herramientas que permitan proteger la liquidez.
En este sentido, el seguro de crédito, también conocido como seguro de impago, se posiciona como un aliado clave para reducir la exposición a la morosidad y facilitar el acceso a financiación.
El récord de quiebras en 2024 es el reflejo de un tejido empresarial tensionado por factores estructurales y coyunturales. La recuperación de algunos sectores convive con la fragilidad de otros y la efectividad de los fondos europeos sigue siendo una asignatura pendiente.
La previsión para 2025 es que las insolvencias sigan siendo elevadas, aunque con posibilidades de estabilización a medio plazo. En este escenario, las empresas que refuercen su gestión del riesgo de crédito mediante soluciones como el seguro de crédito tendrán más probabilidades de resistir y crecer en un entorno todavía marcado por la incertidumbre.
Fuente: El Confidencial
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