El borrador planteado por el Gobierno para definir los equipos básicos en salud a través del 5% de la UPC llevaría a problemas de atención y finanzas.

Después de que el Ministerio de Salud publicó el borrador de resolución en el que se definen las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los Equipos Básicos de Salud, diferentes actores del sector mostraron su preocupación respecto al tema.

Vale la pena detallar que el proyecto de resolución plantea el hecho de que la implementación de estas responsabilidades será financiada con el 5% de la Unidad de Pago por Capitación, la cual aumentó para este año en 12,01%.

De acuerdo con los analistas consultados, la preocupación parte de que, por medio de resoluciones, se empiecen a aprobar o no temas propuestos en la reforma por vía de decreto.

Según Diego Mauricio Acevedo, partner en Holland & Knight, pretender garantizar los Equipos Básicos con dineros destinados a la UPC, imposibilita el financiamiento de diferentes servicios y atenciones que hoy se encuentran cubiertos por esos recursos.

“La implicación que conlleva asumir dicho costo sobreviene de la desfinanciación de otras patologías, por lo que, podría poner en jaque la cobertura en salud de pacientes con alto riesgo, entre otros”, explicó.

Ahora bien, el abogado también mencionó que para garantizar estos recursos con ese objetivo se debe tener en cuenta que actualmente se viene arrastrando una deuda con el sistema de salud de años anteriores.

“La UPC no creció en términos reales a la par que la economía, y se desfinanció el presupuesto máximo por encima del 80% para este año”, explicó.

A su turno, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, detalló que estas medidas de resolución tienen “inconvenientes” y desfinancian la UPC, que, en su opinión, “ya se encuentra desfinanciada”.

“Estamos hablando que eso correspondería a $4,5 billones que se destinaría para esas acciones. Esto tiene además unos antecedentes como el artículo 46 de la ley 715, que fue una iniciativa del entonces parlamentario Gustavo Petro, buscaba dirigir un porcentaje de la UPC del régimen subsidiado a distritos y municipios para que hicieran acciones de prevención y promoción”, manifestó.

El exministro justificó que esas acciones se habían determinado en un 4,2% de la UPC en el pasado y “desafortunadamente” eso no funcionó porque “los distritos y municipios no realizaron las labores y hubo necesidad de recogerlos”.

Si bien esta medida cuenta con diferentes antecedentes, que, según los expertos, que muestran que no han funcionado, lo cierto es que hay un riesgo para los pacientes, pues los recursos dirigidos para su atención médica se estarían destinando a otros objetivos del Ministerio.

En ese sentido, Enrique Peñaloza, profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, le aseguró a este medio que el problema real que se va a generar es una presión real en las atenciones en salud.

“Eso va a generar mayor presión en términos de la disponibilidad de recursos para el gasto en servicios de salud y hoy hay mucha presión sobre ese gasto y eso implicaría exactamente financiarlo”, indicó.

Alertó que la medida puesta en el borrador generaría mayores barreras de acceso a servicios, de procedimientos, ya que los recursos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no estarían siendo suficientes para cubrir gastos de operación.

“Esos recursos deberían ser nuevos, con la intención conseguir para aumentar las acciones de promoción y prevención. Entonces la idea no es sacarlo de la UPC, sino la idea es generar recursos nuevos para este fin”, argumentó el docente.

En la misma línea, la senadora del partido de la ‘U’, Norma Hurtado, reconoció que, aunque es válida la intención de desplegar equipos básicos en salud.

La congresista añadió que, “resulta confuso cómo se llega a esta decisión sin una explicación clara sobre el origen del 5% del valor de la UPC y sin precedentes de destinación de recursos para este propósito”.

De igual manera, Mario Fernando Cruz, vicepresidente Técnico y de Estudios de Acemi, publicó en sus redes sociales que

¿Se aprobará todo vía decreto?

Algunas de las preocupaciones parten de la posible intención de aprobar estos proyectos de resolución y de decreto.

El abogado Diego Mauricio Acevedo, partner en Holland & Knight, detalló que realizar esta iniciativa vía acción administrativa gubernamental, tendría implicaciones financieras complejas respecto al sistema de salud de los colombianos.

Según el experto, “motivar dicha actuación mediante decreto implicaría a las EPS actuar de inmediato, agigantando el hueco fiscal del sistema derivado de una UPC aceleradamente desfinanciada”.

Así mismo, agregó que “lo anterior, se suma al hecho de que el proceder debería ser mediante la expedición de una Ley Estatutaria al tratarse recursos para la protección de un derecho fundamental como es la salud”.

A su turno, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, indicó que “preocupa que dadas las dificultades que está teniendo el Gobierno para sacar adelante la reforma a la salud en el Senado, esté pretendiendo sacarla por decreto”.

 

Fuente: Portafolio

Enlace: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/resoluciones-en-salud-ponen-en-crisis-el-sistema-599896