Un estudio del CCCS revela los riesgos prioritarios que determinarán la viabilidad de la construcción sostenible.
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La exposición a fenómenos climáticos, la debilidad en trazabilidad de materiales y los problemas de liquidez fueron identificados como los riesgos críticos que más afectan la continuidad operativa y la competitividad de la construcción sostenible en Colombia.
Estas conclusiones hacen parte del estudio desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), que analizó el panorama sectorial, la interacción entre actores y las condiciones que determinan el acceso a financiamiento sostenible. El documento advierte que estos riesgos ya inciden en la estabilidad de proyectos, en la estructura de costos y en la relación con inversionistas y aseguradoras, en un contexto descrito como “multirriesgo” por el Global Risks Report 2025.
El estudio señala que los eventos climáticos extremos incrementan la probabilidad de interrupciones en infraestructura, cortes de servicios y afectaciones en obras, aun sin daños estructurales. La baja trazabilidad en los materiales limita el acceso a certificaciones y a productos financieros vinculados a sostenibilidad. Las dificultades de liquidez, por su parte, afectan el flujo de caja y la continuidad de proyectos, lo que se convierte en un factor relevante para entidades financieras. Según el análisis, la interacción entre estos elementos demanda integrar la gestión del riesgo en la toma de decisiones para cumplir con exigencias de bancos, aseguradoras y fondos de inversión.
El estudio se construyó con evidencia sectorial, encuestas y un taller multiactor con participantes de toda la cadena de valor: constructoras, consultoras, propietarios de activos, proveedores y entidades financieras. La metodología permitió evaluar la probabilidad e impacto de riesgos y oportunidades en función de la resiliencia sectorial. Esta aproximación integró la perspectiva financiera con la de impacto, lo que derivó en una matriz de doble materialidad que identifica los asuntos más relevantes para la competitividad y la capacidad del sector de acceder a capital.
Riesgos prioritarios y presiones sobre la cadena de valor
El análisis identificó nueve asuntos materiales que requieren tratamiento inmediato para fortalecer la resiliencia de la construcción sostenible en el país. Entre ellos se encuentran la gestión del cambio climático y la transición energética, la extracción y uso de recursos naturales, la trazabilidad y el abastecimiento responsable, la circularidad, el relacionamiento con comunidades, la innovación en materiales y procesos, la gobernanza corporativa, el entorno político y regulatorio, y el financiamiento verde. Estos asuntos reflejan expectativas de grupos de interés y tendencias regulatorias nacionales e internacionales.
En la tabla de riesgos críticos elaborada por el estudio se detalla la forma en que cada riesgo afecta al sector. La exposición al cambio climático provoca daños en infraestructura y posibles interrupciones en el acceso a recursos. Los eventos extremos pueden generar paralización de obras, sobrecostos y contingencias relacionadas con servicios públicos. La ruptura de cadenas de suministro incrementa tiempos y costos y aumenta la probabilidad de incumplimientos contractuales. El uso intensivo de recursos naturales genera tensiones con comunidades y autoridades, además de presionar costos en territorios con restricciones. Los accidentes con impactos estructurales representan responsabilidades legales y efectos reputacionales. La trazabilidad insuficiente afecta el cumplimiento de requisitos para productos financieros sostenibles y certificaciones.
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El documento explica que, aunque estos riesgos afectan de forma distinta a los actores del sector, comparten causas comunes, por lo que su gestión puede ser más eficaz cuando se trabaja de forma coordinada. Esto implica mejorar la disponibilidad de datos, fortalecer los mecanismos de monitoreo y desarrollar capacidades técnicas para medir y reportar desempeño. La evaluación financiera también se ve influida por estos aspectos, ya que, según el estudio, “la forma en que una empresa gestiona estos riesgos se convierte en un factor financiero”.
Financiamiento sostenible y nuevas exigencias del mercado
El estudio describe la forma en que bancos, aseguradoras y fondos de inversión están incorporando la evaluación de riesgos ASG para determinar el acceso a créditos, tasas, garantías y condiciones de aseguramiento. Esta evaluación incluye trazabilidad, desempeño ambiental, gestión del cambio climático y cumplimiento regulatorio. Entre los factores considerados por las instituciones financieras se encuentran la liquidez, la reputación, la confiabilidad de proveedores, la relación con comunidades y la capacidad de cumplir con metas verificables.
El documento detalla los instrumentos financieros disponibles y las condiciones habilitadoras para cada uno de ellos. Los créditos verdes requieren evidencia de reducción de impactos ambientales y sociales. Los bonos verdes o de transición exigen marcos de sostenibilidad y uso verificable de fondos. Los seguros sostenibles se basan en la gestión de riesgos ASG en procesos corporativos y constructivos. Los préstamos vinculados a desempeño dependen de indicadores medibles y auditables. Los seguros paramétricos están basados en datos climáticos y monitoreo continuo, permitiendo pagos automáticos ante eventos específicos. El blended finance exige demostrar beneficios sociales o ambientales y contar con estructuras técnicas sólidas.
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El estudio presenta ejemplos regionales que muestran la relación entre gestión del riesgo y acceso a financiamiento. Entre ellos destaca la emisión del primer bono vinculado a sostenibilidad en Latinoamérica, estructurado por BID Invest y Bancolombia en 2022, por $640.000 millones, destinado a ampliar la cartera de proyectos sociales y ambientales, incluidos los relacionados con construcción sostenible y eficiencia energética.
Tendencias regulatorias y agendas internacionales
El análisis enfatiza que la construcción sostenible en Colombia se desarrolla en un entorno regulatorio que está fortaleciendo sus exigencias. La Resolución 0194 de 2025 del Ministerio de Vivienda establece requisitos de eficiencia en agua y energía para nuevas edificaciones. El país también avanza en la implementación del Plan BIM Colombia, que busca mejorar la productividad y trazabilidad. La construcción sostenible fue incluida como contribución determinada a nivel nacional en la última actualización de la NDC del país.
Asimismo, marcos globales como la Taxonomía Verde de Colombia, los estándares IFRS S1 y S2 y el enfoque TNFD requieren información verificable sobre impactos, dependencias, diseño, materiales y procesos. El estudio explica que la adopción de estos marcos “puede otorgarle una mejor calificación del proyecto y mayor apetito inversionista”.
Activos inmobiliarios
El estudio también destaca el rol de certificaciones como LEED, CASA Colombia, Envision y EDGE para reducir riesgos técnicos y de desempeño, y su conexión con productos financieros. La adopción de estas certificaciones ha permitido desarrollar créditos asociados a ahorros verificados en agua y energía, lo que contribuye a ampliar la oferta de financiamiento sostenible en el país.
Fuente: Portafolio
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