El problema, dicen los expertos, no es solo el alza en el costo, sino el efecto en la cobertura. La inflación médica supera el 14% anual, y enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer de mama ya cuestan más de un millón de pesos por tratamiento en hospitales privados

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerró un largo capítulo de litigios con las aseguradoras al determinar que, a partir de 2025, deberán pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las indemnizaciones por siniestros en seguros de autos y gastos médicos mayores. La decisión, que pone fin a años de interpretaciones fiscales, encendió alertas en el sector financiero, donde expertos anticipan aumentos de entre 10% y 20% en las primas, además de un golpe directo a la accesibilidad de estos servicios en un país donde la penetración de los seguros ya es baja.

La medida forma parte de un acuerdo en el que Hacienda condonará los adeudos históricos del sector a cambio de que las compañías comiencen a entregar el impuesto a partir del próximo ejercicio fiscal. Según estimaciones oficiales, el fisco espera recaudar anualmente entre 20,000 y 25,000 millones de pesos, cifra equivalente a cerca del 2% del valor total de las primas emitidas en México. En 2024, la industria aseguradora registró 876,005 millones de pesos en primas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El SAT argumentó que el IVA no puede acreditarse en casos donde los bienes o servicios adquiridos tengan como único propósito indemnizar al asegurado. Con ello, busca corregir lo que calificó como una práctica indebida de acreditamiento fiscal que habría permitido a las aseguradoras evitar el pago de cerca de 200,000 millones de pesos en impuestos durante los últimos años. El nuevo esquema fiscal pretende recuperar al menos 175,000 millones antes de que finalice el año.

La AMIS respondió que el sector asegurador se mantiene comprometido con el cumplimiento de las leyes y que acatarán las nuevas disposiciones fiscales. No obstante, reconoció que los ajustes impactarán los precios de los seguros, particularmente en los segmentos más sensibles: automóviles y gastos médicos mayores. Quálitas, líder en el ramo automotriz, ya anticipó que evaluará el efecto de esta regulación en sus resultados de 2025, los cuales reportará a la Bolsa Mexicana de Valores.

Erick Ocampo Ortiz, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), explicó que los seguros de autos y de gastos médicos mayores son los más expuestos. Aseguró que varias compañías comenzaron a ajustar sus tarifas este mismo mes, previendo la entrada en vigor del cobro del IVA. Advirtió además que esta alza podría frenar la contratación de nuevas pólizas, especialmente en un contexto donde solo el 21% de los seguros vigentes en México corresponde a vehículos y el 18.5% a gastos médicos.

El problema, dicen los expertos, no es solo el alza en el costo, sino el efecto en la cobertura. La inflación médica supera el 14% anual, y enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer de mama ya cuestan más de un millón de pesos por tratamiento en hospitales privados. Si las primas suben, advierten, muchas personas optarán por reducir la suma asegurada, lo que podría dejar a miles de familias con seguros insuficientes para enfrentar enfermedades graves.

De acuerdo con la AMASFAC, un 32% de los asegurados actualmente tiene una cobertura inferior a un millón de pesos, mientras que el costo promedio de un siniestro médico ronda los 240,000 pesos. En los casos más severos, los montos pueden triplicarse o incluso cuadruplicarse. Este nuevo escenario fiscal amenaza con profundizar esa brecha entre el costo real de los servicios médicos y la capacidad de protección de las pólizas.

La Secretaría de Hacienda defiende la decisión como una corrección necesaria para fortalecer la recaudación y la transparencia en un sector que ha tenido un tratamiento fiscal ambiguo durante años. Sin embargo, tanto analistas como legisladores advierten que, sin una estrategia de apoyo a los consumidores, la medida podría traducirse en una menor protección financiera para millones de mexicanos que dependen de un seguro para enfrentar enfermedades o accidentes graves.

 

Fuente: Tribuna de México

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