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SBS busca modernizar la difusión de clasificaciones de riesgo en el sistema financiero
Peru, Abril 16 , 2026
Iniciativa plantea que bancos y aseguradoras publiquen sus ratings en sus páginas web por al menos cuatro años, con estándares más claros de información y sin uso de enlaces externos
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un paso hacia la modernización de la información financiera al poner en consulta pública un proyecto normativo que propone cambios relevantes en la forma en que se difunden las clasificaciones de riesgo de las entidades del sistema financiero y de seguros. La iniciativa busca fortalecer la transparencia, adaptar la regulación a entornos digitales y recoger aportes del mercado antes de su eventual aprobación.
Mediante la Resolución SBS N° 01045-2026, la entidad autorizó la publicación del proyecto normativo en su portal institucional, abriendo un plazo de 15 días calendario para recibir comentarios de los actores del sistema y del público en general. Esta medida se enmarca en el principio de participación ciudadana en la elaboración de normas, así como en las disposiciones vigentes que promueven la difusión previa de proyectos regulatorios.
La SBS sustenta esta decisión en la necesidad de actualizar el Reglamento para la clasificación de empresas del sistema financiero y de seguros, vigente desde 2010, particularmente en lo referido a los mecanismos de publicación de dichas clasificaciones.
Hacia una difusión completamente digital
Uno de los principales cambios planteados es la eliminación de la obligación de publicar las clasificaciones en medios impresos, estableciendo que su difusión se realice exclusivamente a través de canales digitales. En ese sentido, se dispone que tanto las empresas clasificadoras de riesgo como las entidades financieras y aseguradoras publiquen las clasificaciones definitivas en sus páginas web oficiales.
La norma propone que esta publicación se realice dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión de la clasificación y que la información permanezca accesible al público por un periodo mínimo de cuatro años. Además, se establece que la publicación debe hacerse directamente en las páginas institucionales, sin redirigir a enlaces externos.
Calendario y condiciones de publicación
El proyecto también precisa los plazos para la difusión de las clasificaciones semestrales. Estas deberán publicarse como máximo el último día útil de septiembre y marzo, considerando la información financiera correspondiente al primer y segundo semestre del año, respectivamente.
Asimismo, se detalla que una clasificación se considera definitiva cuando no existe solicitud de revisión dentro del plazo establecido o cuando, habiéndola, el comité correspondiente emite un dictamen final.
Mayor estandarización de la información
Otro aspecto relevante es la definición del contenido mínimo que deberán incluir las publicaciones. Entre los elementos exigidos figuran la identificación de la empresa evaluada y de la clasificadora, la categoría de riesgo asignada —incluyendo subcategorías si corresponde—, la fecha del comité de clasificación y, de ser el caso, la calificación previa.
Adicionalmente, se incorpora la obligación de señalar que la clasificación constituye una opinión independiente de la clasificadora sobre la capacidad de la entidad para gestionar riesgos, así como su responsabilidad exclusiva sobre dicha evaluación.
El proyecto también introduce modificaciones en los requisitos para la inscripción de las empresas clasificadoras de riesgo en el registro correspondiente. En particular, se actualiza la información que deben presentar, incluyendo aspectos como su estructura accionaria, equipo técnico, metodologías de evaluación y acreditación ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Con esta propuesta, la SBS apunta a fortalecer la transparencia del sistema financiero, facilitar el acceso a información relevante para inversionistas y usuarios, y adecuar la normativa a las nuevas dinámicas digitales. La migración hacia esquemas de publicación en línea no solo busca mayor eficiencia, sino también mejorar la trazabilidad y disponibilidad de las clasificaciones de riesgo en el tiempo. El proceso de consulta permitirá evaluar los alcances de la norma y recoger sugerencias antes de su implementación, en un contexto donde la calidad y oportunidad de la información son clave para la confianza en el sistema financiero.
Fuente: Revista Gana Más