Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, han agravado los perjuicios económicos y sociales en diversas regiones del país y han puesto de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos capaces de garantizar una respuesta financiera más rápida y eficaz a las víctimas. En este contexto, el Gobierno federal y los representantes del sector asegurador debaten la creación de un sistema nacional de protección financiera frente a catástrofes, inspirado en modelos internacionales que combinan la actuación del mercado de seguros, el reaseguro, el Estado y los instrumentos del mercado de capitales para reducir la denominada «brecha de protección» existente en Brasil.
Para la abogada Simone Sampietri Creoruska, especialista en seguros y reaseguros del bufete Barcellos Tucunduva, la propuesta supone un avance importante en la forma en que el país podrá hacer frente a los impactos financieros provocados por inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías severas y otros desastres naturales. Según ella, en la actualidad gran parte de los perjuicios acaba siendo absorbida directamente por las autoridades públicas y por las propias víctimas, lo que hace que la recuperación sea más lenta y costosa.
En opinión de la especialista, el sistema funcionaría como una estructura organizada de reparto de riesgos. Las aseguradoras asumirían una primera parte de las pérdidas mediante la oferta de productos accesibles y estandarizados para particulares, empresas y entidades públicas, mientras que las reaseguradoras absorberían una parte significativa de los daños más graves, ampliando la capacidad del mercado sin comprometer su solvencia. «Este reparto es esencial porque los eventos catastróficos provocan pérdidas extremadamente elevadas y afectan a miles de personas simultáneamente, lo que exige una distribución más eficiente de los riesgos», explica.
Otro elemento considerado estratégico es el uso de instrumentos del mercado de capitales para ampliar la capacidad de financiación del sistema. La abogada destaca que, ante pérdidas que podrían ascender a miles de millones, mecanismos como los seguros paramétricos, las Letras de Crédito del Seguro (LCS) y, en el futuro, los títulos vinculados a riesgos de seguros, como los Insurance-Linked Securities (ILS) y los bonos catastróficos (cat bonds), pueden complementar el reaseguro tradicional al atraer a inversores para que compartan parte de esa exposición financiera. Sin embargo, subraya que aún no se ha definido qué instrumentos se integrarán efectivamente en el modelo brasileño, por lo que es necesaria una evaluación técnica conjunta entre el Gobierno y el mercado.
Creoruska señala que Brasil puede aprovechar experiencias internacionales exitosas sin necesidad de reproducirlas íntegramente. Países como España y Francia han desarrollado sistemas que combinan la participación estatal y el mercado asegurador para cubrir riesgos extraordinarios, mientras que el Caribe utiliza seguros paramétricos para garantizar liquidez inmediata tras grandes catástrofes. «Lo importante es construir un modelo compatible con la realidad brasileña, basado en una buena gobernanza, la previsibilidad de la financiación y una distribución adecuada de los riesgos entre todos los participantes», afirma.
A pesar del potencial de la iniciativa, Simone advierte de que su implementación dependerá de que se superen importantes retos jurídicos y normativos. Entre ellos se encuentran la definición de las fuentes permanentes de financiación, las responsabilidades de cada agente implicado, los riesgos efectivamente cubiertos, los criterios de indemnización y la estructura de gobernanza y supervisión. Según ella, las experiencias brasileñas de gran alcance social demuestran que los mecanismos de esta naturaleza exigen normas institucionales sólidas para garantizar la sostenibilidad financiera y la seguridad jurídica a lo largo del tiempo.
La abogada añade que los contratos también deberán establecer con precisión qué sucesos estarán cubiertos, cuáles serán los factores desencadenantes del pago de las indemnizaciones, cómo se calcularán las pérdidas y quiénes serán los beneficiarios, reduciendo así el riesgo de futuros litigios. Además, destaca que el fortalecimiento de la cultura del seguro será indispensable para el éxito del modelo. «Si el seguro sigue siendo caro, complejo o poco extendido, seguirá existiendo una gran laguna en materia de protección. El sistema debe ir acompañado de educación en materia de seguros, incentivos adecuados y políticas públicas de prevención, adaptación climática y gestión de riesgos», señala.
Para Simone, la creación de un sistema brasileño de protección financiera contra catástrofes representa una evolución necesaria ante la creciente exposición del país a fenómenos climáticos extremos. Recuerda que las inundaciones que afectaron a Rio Grande do Sul en 2024 pusieron de manifiesto esta vulnerabilidad: aunque las pérdidas económicas se estimaron en unos 100 000 millones de reales, solo aproximadamente el 6 % de esa cantidad estaba cubierto por seguros, lo que hizo que la mayor parte de los perjuicios recayera directamente sobre las familias, las empresas y las administraciones públicas. «El gran reto ahora es transformar esta percepción de urgencia en una arquitectura institucional capaz de conciliar la protección social, la seguridad jurídica, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la resiliencia del país frente al cambio climático», concluye.
Fuente: Revista Apólice
Proveemos información Técnica y Financiera del Mercado Asegurador