El mercado de créditos de carbono está cobrando impulso en Brasil, impulsado por la normativa del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE) de 2024, que estableció la base jurídica para el mercado regulado, marcando la transición de un modelo exclusivamente voluntario a la coexistencia con un sistema obligatorio. La necesidad de financiar soluciones basadas en la naturaleza ha expuesto a compradores, inversores y promotores a nuevos y complejos riesgos: jurídicos y normativos (invalidaciones de proyectos, fraudes documentales y disputas por la tierra) y físicos, como incendios forestales y deforestación.
En este contexto, surge una nueva oportunidad de mercado para las aseguradoras: el seguro para proyectos de carbono. Considerado uno de los próximos grandes nichos del sector, este nuevo producto financiero ofrece a los inversores la seguridad de que el crédito adquirido representa realmente una tonelada de CO₂ eliminada de la atmósfera. A nivel mundial, ya existen insurtechs especializadas en el área, como la británica Kita y la estadounidense Oka, centradas en mitigar los riesgos de incumplimiento y de invalidez, y grandes corredurías como Howden y Marsh, con modelos de protección que garantizan la reposición de estos créditos, cubriendo la replantación en áreas forestales afectadas por incendios, por ejemplo.
En Brasil, el mercado se prepara para entrar en este prometedor segmento. Con una de las matrices energéticas más limpias del planeta y una biodiversidad única, el país tiene potencial para generar 370 millones de toneladas de créditos de carbono hasta 2030, lo que supera en nueve veces la demanda interna, según un estudio de PwC Brasil.
«El seguro para proyectos de carbono sigue siendo un mercado incipiente en cuanto a volumen, pero desempeña un papel esencial como instrumento de transferencia de riesgo, tal y como ya ocurre en otros sectores de infraestructura, como autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Contribuye a dar más seguridad a inversores y acreedores y, con ello, viabiliza la expansión del mercado», valora Gustavo Zeno, director financiero de re.green, que ha cerrado recientemente acuerdos con Microsoft, Nestlé y Vivo para la venta de créditos de restauración en la Amazonía y la Mata Atlántica. «Para que los bancos y los fondos de pensiones asignen capital a proyectos a largo plazo, necesitan previsibilidad. El seguro aborda el riesgo de reversión (pérdida del bosque) y de entrega (incumplimiento en la generación de los créditos previstos)», afirma.
La gran ventaja es la «bancabilidad»: un proyecto con una póliza sólida consigue tipos de interés más bajos y mejores condiciones de financiación, ya que el flujo de caja futuro está protegido. «Al inversor o al acreedor, el seguro ofrece la garantía de reposición: si el bosque se quema o el proyecto fracasa por causas cubiertas, la aseguradora paga el valor de los créditos o financia la replantación», explica el director financiero de re.green.
La COP30 consolidó la visión de que las soluciones basadas en la naturaleza son estratégicas, pero su implementación a gran escala depende de un ecosistema financiero y regulatorio seguro. «El seguro reduce una incertidumbre importante en iniciativas a largo plazo, que dependen de la estabilidad para atraer inversión. Al mismo tiempo, ayuda a aportar previsibilidad a un segmento directamente expuesto al cambio climático», afirma Fátima Lima, directora de sostenibilidad de Mapfre, que ha desarrollado Biosseguro, una solución orientada a la protección de proyectos de reforestación no comercial y a garantizar la continuidad de la generación de créditos de carbono.
«El seguro actúa transfiriendo el riesgo financiero, protegiendo balances y objetivos de emisiones, y funcionando como un sello de confianza, al condicionar la cobertura a una due diligence técnica y jurídica y a un seguimiento continuo», valora Thiago Lang, director ejecutivo de especialidad de Marsh Risk. El riesgo se evalúa de forma multifactorial y basada en datos: análisis jurídico y documental, revisión técnica de la metodología y la adicionalidad, evaluación física de la vulnerabilidad a incendios y fenómenos extremos, gobernanza operativa del promotor y factores de mercado. «El objetivo es hacer que los proyectos basados en la naturaleza sean más financiables y fiables, reduciendo los riesgos financieros, operativos y de reputación y facilitando el acceso a capital a largo plazo».
La fijación de precios y la evaluación de riesgos en el mercado de créditos de carbono representan uno de los mayores retos para el sector, ya que implican una gran complejidad técnica, falta de estandarización y riesgos a largo plazo. Para el director comercial de Carbonext, Felipe Viana, la fijación de precios tiende a ser artesanal y altamente técnica. «En general, la aseguradora analiza un conjunto de variables: tipo de proyecto, fase del crédito, geografía y riesgo físico [incendios, sequías, inundaciones, viento, plagas], solidez en materia de propiedad y normativa, y metodología, entre otras». Para que el proyecto sea asegurable, el promotor necesita un paquete de gobernanza más sólido: documentación catastral sólida, un seguimiento frecuente y de calidad y protocolos de notificación de reversión, entre otros. «Esto aumenta los costes y la disciplina, pero también amplía el acceso a compradores más exigentes y a líneas de financiación», afirma Viana.
En la práctica, según la valoración del ejecutivo de Carbonext, que se encuentra en fase de negociación con diversos actores del sector, deben coexistir dos modelos: uno más tradicional, para la invalidación, el fraude, las garantías y la due diligence documental; y otro más paramétrico, para riesgos físicos medibles, como incendios y fenómenos climáticos extremos.
Fuente: Valor Globo
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