El Presidente de SINCOR-MG aboga por que los costes corran a cargo del Gobierno

Según el ejecutivo, la propuesta del CNseg de crear un seguro para las víctimas de catástrofes naturales es válida, pero el pago de la cobertura no debe recaer sobre los hombros de la población.

Brasil registró el mayor número de desastres naturales en 2023, con 1.161 eventos: 716 asociados a causas hidrológicas, como el desbordamiento de ríos, y 445 de origen geológico, como deslizamientos de tierra. De media, se registraron al menos tres catástrofes diarias. El número, según los datos presentados por el Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (CEMADEN), supera los registros de 2022 y 2020.

Ante este escenario, que lamentablemente tiende a repetirse con mayor frecuencia, la Confederación Nacional de Seguros (CNseg) ha propuesto la creación de un seguro para víctimas de desastres naturales. El sustituto del proyecto de ley 1.410 de 2022 prevé el pago de una cantidad estimada en 15.000 R＄ a los residentes afectados por inundaciones y corrimientos de tierras provocados por las lluvias en los municipios que hayan declarado el estado de calamidad pública.

Según la propuesta, los residentes tendrían derecho al seguro mediante una contribución de 3 R＄, cargada mensualmente en las facturas de electricidad. Los beneficiarios de programas sociales estarían exentos del pago. El dinero recibido por los afectados se destinaría a cubrir pérdidas materiales. El proyecto también incluye una indemnización de 5.000 R＄ en caso de fallecimiento de un residente.

El presidente del Sindicato de Corredores de Seguros de Minas Gerais (SINCOR-MG), Gustavo Bentes, defiende la creación del seguro, pero no está de acuerdo con que se obligue a la población a pagar la cobertura a través de la factura de la luz, ya que, según él, la responsabilidad del pago debe recaer enteramente en el poder público, principalmente para evitar que el debate se desgaste y la sociedad se sienta insatisfecha. "Como hay una dicotomía sobre el tema, es decir, mucha gente cree que va a pagar por algo que no va a disfrutar, es importante pensar en la posibilidad de que el Gobierno asuma esta responsabilidad. Por no mencionar el hecho de que asignar el pago al gobierno simplifica el proceso".

También según Bentes, dado que los gobiernos no pueden ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad de forma inmediata y eficaz, el pago del seguro se convierte inevitablemente en una solución para el Estado, ya que al hacerlo transferirá al mercado de seguros la responsabilidad de la asistencia en casos de catástrofe. "El Gobierno puede incluso utilizar parte de los recursos que ya provienen del erario público, a través de impuestos y tasas, y no cargar a la sociedad con otro nuevo gasto. Creo que los particulares sólo podrían pagar si, por ejemplo, quisieran ampliar el capital ya contratado por el Gobierno. Entonces pagarían aparte.

Gustavo subraya, sin embargo, que quienes tuvieran interés en ampliar su cobertura tendrían el derecho, no el deber, de hacerlo. "En este caso, el recargo podría estar incluso en la factura de la luz, pero sería opcional".

Por último, a la pregunta de a qué esfera de gobierno correspondería pagar el seguro contra catástrofes, el portavoz de SINCOR-MG subraya que sería tarea del Gobierno federal. "Entre otras cosas, porque cuando un municipio determina una situación de calamidad pública, recurre al Gobierno Federal para obtener recursos. Entonces, ¿de quién es realmente la responsabilidad? Del Gobierno Federal. Al estar abierto a la contratación de seguros, [el Gobierno Federal] está evitando la necesidad de una transferencia inmediata de recursos para apoyar a los afectados, ya que habrá comprado algo por adelantado que satisfará provisionalmente a las familias afectadas."

 

Fuente: Editora Roncarati

Enlace: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Seguro-para-vitimas-de-desastre-natural.html