Los seguros paramétricos representan un enfoque novedoso en el ámbito asegurador. Su activación es automática y se basa en la ocurrencia verificable de un evento medido por un índice objetivo, eliminando la necesidad de una evaluación pericial de daños. A diferencia de los seguros tradicionales, que requieren un proceso de verificación de daños, el seguro paramétrico establece el pago de una suma fija predeterminada al cumplirse una condición específica, como superar un umbral de magnitud sísmica o de precipitación acumulada. El funcionamiento de estos instrumentos se sustenta en la utilización de índices o parámetros, que son variables físicas, meteorológicas o geográficas de medición objetiva, como la aceleración del suelo, la temperatura, la velocidad del viento o los niveles de precipitación. Los riesgos que pueden cubrirse con esta modalidad son amplios, abarcando desde catástrofes naturales (terremotos, incendios, sequías, inundaciones, tormentas, erupciones volcánicas, marejadas) hasta interrupciones de servicios básicos y pérdidas de beneficios.

La principal ventaja de los seguros paramétricos es la rapidez en el pago de la indemnización, lo que proporciona acceso inmediato a liquidez después de un evento catastrófico. Esta característica los convierte en una herramienta crucial para reducir las brechas de protección, especialmente en sectores vulnerables o difíciles de asegurar por métodos convencionales, como la agricultura, las microempresas y las comunidades rurales.

La CMF ha demostrado un compromiso decidido con la integración de los seguros paramétricos en el ordenamiento jurídico chileno. Con fecha 23 de junio de este año, la CMF publicó una versión revisada de la NCG que regula esta modalidad. Esta segunda iteración del proyecto normativo, que incorpora valiosos insumos del proceso consultivo iniciado en septiembre de 2024, marca un avance sustantivo en términos de claridad, flexibilidad y salvaguarda de los derechos del consumidor. No obstante, subsisten desafíos regulatorios y operativos que demandan una adecuada consideración para asegurar una implementación exitosa y sostenible.

Es imperativo subrayar que esta NCG se encuentra aún en etapa de consulta pública.

La versión revisada de la NCG introduce mejoras significativas que optimizan su diseño y alcance.

Una de las mejoras más notables es la ampliación del catálogo de riesgos e índices autorizados. Si en un principio la norma se limitaba a terremotos, incendios y algunos eventos climáticos, hoy se abre a una gama mucho más diversa: desde erupciones volcánicas y marejadas hasta interrupciones de servicios básicos, transporte o pérdida de beneficios. Incluso se permite combinar distintos índices en una misma póliza, lo que mejora la precisión del diseño y reduce el temido “riesgo de base”. Este concepto, poco conocido fuera del mundo técnico, se refiere a la posibilidad de que ocurra un daño real —por ejemplo, una inundación que afecta a un agricultor— pero que el índice definido en la póliza (como la cantidad de lluvia registrada en una estación meteorológica cercana) no alcance el umbral necesario para gatillar el pago del seguro. En otras palabras, el riesgo de base es la brecha entre la realidad del daño y la activación del seguro, y es uno de los principales desafíos de este tipo de productos.

Otro avance significativo es la inclusión de los corredores de seguros en el proceso de innovación. Ya no serán solo las aseguradoras quienes puedan proponer nuevos productos o índices a la CMF. Esta apertura democratiza la innovación y reconoce el rol clave que tienen los intermediarios en acercar soluciones a los clientes, especialmente en mercados donde la educación financiera aún es baja. También se agradece la claridad estructural que introduce la nueva norma. Se exige que las pólizas indiquen de forma explícita que se trata de un seguro paramétrico, se estandariza el uso del término “índice” y se prohíbe su comercialización como cláusula adicional en otras pólizas. Esto último es clave para evitar confusiones en la liquidación de siniestros y proteger al asegurado de expectativas poco realistas. En materia de liquidación, se extiende el plazo de pago de 6 a 15 días hábiles, lo que responde a una preocupación legítima del mercado: no siempre los datos que activan el seguro están disponibles de inmediato. Además, se establece un régimen específico de reservas técnicas para los seguros paramétricos de terremoto, que exige mantener el 100% de la prima retenida durante toda la vigencia del contrato. Esta medida busca evitar eventuales problemas de solvencia del sistema a raíz de la adopción de esta nueva clase de seguros.

A pesar de los avances normativos, la implementación efectiva de los seguros paramétricos aún enfrenta desafíos regulatorios y operativos. Un punto de debate es la exigencia de que todo nuevo índice o riesgo paramétrico deba ser aprobado previamente por la CMF. Esta disposición, contenida en el artículo II de la NCG, busca garantizar coherencia técnica, pero puede convertirse en un cuello de botella para la innovación, especialmente ante la agilidad que la tecnología actual permite en la generación de índices en tiempo real. Aunque la CMF desestimó una propuesta de un enfoque más flexible, aduciendo el artículo 11 del DFL N° 251, es posible explorar mecanismos más ágiles dentro del marco legal, como una norma marco con anexos técnicos actualizables por resolución.

Para las compañías de seguros, los beneficios son evidentes: permiten cubrir riesgos tradicionalmente difíciles de asegurar, abriendo la puerta a una mayor diversificación del portafolio. Además, al eliminar la necesidad de peritajes, estos productos traen aparejados menores costos operacionales, y entregan liquidez inmediata al asegurado. Quizás lo más relevante es que los seguros paramétricos son ideales para segmentos históricamente desatendidos, funcionando como una herramienta de inclusión financiera. Sin embargo, su implementación exige una transformación interna en las aseguradoras, requiriendo capacidad técnica para modelar riesgos y gestionar expectativas ante el “riesgo de base”, que puede generar frustración y reclamos si el cliente no comprende por qué no se activó el seguro. A esto se suma una carga regulatoria creciente por parte de la CMF.

En este nuevo escenario, los corredores de seguros tienen una oportunidad estratégica, no solo como distribuidores sino como co-creadores de productos, y su función educativa se vuelve aún más relevante para evitar malentendidos. Este nuevo rol exige una actualización técnica en diversos conceptos.

No olvidemos que la comercialización de seguros paramétricos debe cumplir estrictamente con el artículo 28 de la Ley N° 21.521 (Ley Fintec), lo que implica responsabilidades para las compañías y corredores:

Adecuación al cliente: Las entidades deben implementar políticas, procedimientos y controles para evitar ofrecer seguros que no se ajusten a las necesidades de los clientes. Para ello, es indispensable recopilar información relevante sobre sus operaciones, tamaño y complejidad.

Advertencia explícita: En los casos donde un cliente decida contratar un seguro que no concuerde con sus necesidades, expectativas o riesgos comunicados, la compañía tiene la obligación de acreditar ante la CMF que el cliente fue debidamente advertido de esta situación antes de la contratación.

Transparencia en la comunicación: Toda información, propaganda o publicidad de seguros paramétricos, en cualquier medio, no puede contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, ser equívocas o causar confusión al público respecto a la naturaleza, precios o cualquier otra característica del producto.

El principal valor de esta regulación radica en contribuir a abrir la puerta para que el mercado pueda ofrecer coberturas complementarias de bajo costo, especialmente en contextos de exposición a riesgos catastróficos. Este modelo no busca reemplazar a los seguros indemnizatorios, sino complementarlos, entregando liquidez inmediata para los primeros días post-catástrofe. Naturalmente, esta transformación implica costos: las compañías de seguros deberán invertir en el diseño y validación técnica de nuevos productos, así como en la implementación de sistemas para la recopilación y envío periódico de información. La CMF, por su parte, deberá destinar recursos para fiscalizar y gestionar reclamos, dada la complejidad inherente de los seguros paramétricos que puede generar confusión entre los asegurados. Aquí emerge uno de los riesgos más sensibles: el de conducta de mercado. Si el índice no se activa a pesar de un daño sufrido, el asegurado puede sentirse defraudado, derivando en reclamos masivos y pérdida de confianza. Por ello, la CMF anticipa la necesidad de campañas de educación financiera para explicar claramente el funcionamiento de estos seguros.

La propuesta de NCG busca recoger las mejores prácticas, procurando establecer criterios claros, exigiendo informes actuariales y definiendo un régimen específico de reservas técnicas. Permite la combinación de índices y amplía el catálogo de riesgos asegurables, abriendo la puerta a productos más sofisticados. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del ecosistema asegurador para adaptarse, educar y evolucionar. La transparencia en el uso de índices y la agilidad para autorizar nuevos productos serán los próximos desafíos. La CMF habría logrado un equilibrio razonable entre prudencia regulatoria e impulso a la innovación. Esta norma sobre seguros paramétricos tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para cerrar brechas de protección en una nación tan expuesta como Chile. Pero como toda innovación, requiere vigilancia, adaptación y, sobre todo, una comprensión profunda de sus implicancias técnicas, operativas y sociales. Porque en el mundo de los seguros, como en la vida, no basta con tener una buena idea. Hay que implementarla bien, explicarla mejor y ajustarla cuando sea necesario.

Para acceder a la NCG, puede dirigirse a través del enlace.

Felipe tiene una vasta experiencia en transacciones internacionales, derecho de libre competencia y regulaciones de los mercados financieros. Ha centrado su trabajo en seguros, fondos de inversión tanto públicos (fondos mutuos, ETFs) como privados (capital privado, deuda privada), además de fusiones y adquisiciones y la estructuración y planificación de joint ventures internacionales.

Encabeza el área de seguros, mercado de capitales, fondos mutuos y fondos de inversión del estudio y su liderazgo fue decisivo en la creación del marco regulatorio para el primer registro de fondos mutuos extranjeros que permitió la venta de sus cuotas al público en Chile.

Asesora a bancos de inversión y administradoras de fondos globales en relación con fondos mutuos, ETFs y activos alternativos, incluyendo hedge funds y fondos de private equity, en su relación con inversionistas calificados, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguro, family offices e inversionistas retail, sea en materia de oferta pública u oferta privada.

Felipe ha manejado cientos de solicitudes de aprobación ante la CCR y registros de fondos ante la CMF por más de dos décadas. Junto con su equipo asesoran a las principales administradoras, intermediarios de valores y empresas de custodia internacionales.

Felipe ha asesorado a compañías de seguros locales en relación con el depósito (antes registro) de condicionados generales de pólizas de seguro, así como la asesoría en relación con productos de seguros de libre contratación. Su experiencia con nuevos productos de seguros incluye accidentes y salud, D&O, errores y omisiones, armas de fuego, responsabilidad civil, seguro agrícola, fianza, seguro de crédito, pólizas de seguro ligados a la unidad, entre otros.

También ha participado en el registro de varias empresas extranjeras de reaseguro en Chile. Junto con el departamento de litigios de Alessandri, Felipe ha representado a compañías de seguros en la defensa de las reclamaciones de seguros.

Francisca se incorporó a Alessandri en 2023 y se dedica a la asesoría en materias de derecho corporativo, comercial, M&A y mercado de capitales. Trabaja con corredores de bolsa, administradoras generales de fondos, entre otros clientes, en materias civiles, comerciales y regulatorias.

Se especializa en la estructuración de fondos de inversión públicos y privados que invierten en activos subyacentes en Chile y en el extranjero, procesos de adquisición de corredores de bolsa y filiales, contratos de administración, tecnología, derivados y proveedores de infraestructura, contratos de referimiento y colocación de cuotas de fondos.

Además, Francisca tiene experiencia en la negociación de contratos de distribución de valores extranjeros y representa a sus clientes ante las entidades reguladoras y fiscalizadoras del mercado de capitales.

Desde 2021 está acreditada por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV).

 

Fuente: Diario Constitucional

Enlace: https://www.diarioconstitucional.cl/estudios-juridicos/seguros-parametricos-en-chile-de-la-teoria-a-la-practica-regulatoria-por-francisca-donoso-fernandez-y-felipe-cousino-prieto/