Fuente: El Economista

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“Quintana Roo tiene mucha cultura de seguro, cosa diferente a lo que vimos en Acapulco. El seguro de daños es una protección financiera que de inmediato inyecta dinero al estado y hay una recuperación”, señaló Iván Reynoso Navarro, presidente de la sección Cancún de la Amasfac.

Dos décadas después del huracán Wilma, en Cancún se aseguran más autos y se adquieren más gastos médicos que en destinos del Pacífico, pero el hogar sigue descubierto. El seguro de vivienda apenas llega a 10 o 12% de penetración, informó Iván Reynoso Navarro, presidente de la sección Cancún de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).

Esa brecha importa en un destino expuesto a ciclones. Reynoso Navarro atribuyó la cultura aseguradora local al impacto de Wilma, en 2005. A partir de entonces, dijo, más empresas y familias entendieron que la póliza de daños no es un gasto extra: es liquidez inmediata cuando hay un siniestro y, con ella, se reactivan proveedores de cristales, aluminio y reconstrucción.

En otras ciudades como Acapulco la baja cobertura retrasó la recuperación. “Quintana Roo tiene mucha cultura de seguro, cosa diferente a lo que vimos en Acapulco. El seguro de daños es una protección financiera que de inmediato inyecta dinero al estado y hay una recuperación”, señaló.

En hospedaje el mapa también es desigual. Las cadenas, en su mayoría, contratan responsabilidad civil por accidentes de huéspedes o fallas en instalaciones. El hueco está en la pequeña y mediana empresa y en el hotel chico, que no siempre compran esa cobertura.

Pólizas jurídicas de arrendamiento: entre el servicio legal y percepción de seguro

Los turistas extranjeros suelen llegar ya protegidos, con póliza incluida en el paquete o contratada en su país. El viajero nacional que se mueve dentro de México, si no tiene gastos médicos mayores, casi no compra un seguro de viaje.

Ante esta escasa penetración de los seguros en la vivienda, un fenómeno intenso seguiría dejando sin respaldo financiero a la mayoría de las familias y a una parte de la proveeduría local que depende de esa indemnización para volver a operar.

 

Fuente: El Economista

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