los últimos meses, hablar de seguros en México se ha vuelto, inevitablemente, hablar del tema de incrementos. Para muchos usuarios, el aumento en las primas parece repentino; pero detrás de este fenómeno existe una discusión técnica, legal y fiscal que lleva años gestándose: el enfrentamiento entre el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) y las aseguradoras por el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”).
Durante años, las compañías de seguros operaron bajo un esquema en el que podían acreditar el IVA pagado a terceros al momento de cubrir un siniestro. Es decir, cuando una aseguradora adquiría bienes o contrataba la prestación de servicios destinados a dar cumplimiento al contrato de seguro, cuya indemnización consistía en el resarcimiento de daños o la reposición del bien siniestrado, el IVA que les era trasladado podían acreditarlo contra el IVA que las aseguradoras causaban por la prestación del servicio de aseguramiento.
Este mecanismo no era menor: permitía evitar el llamado “efecto cascada”, donde el impuesto se acumula en cada etapa de la “cadena productiva”. Bajo esta lógica, el IVA trasladado por los proveedores de bienes o servicios destinados a resarcir los daños no impactaba negativamente a las aseguradoras.
Sin embargo, a partir de 2019, el SAT comenzó a cuestionar este criterio. Su argumento central fue que las aseguradoras no deberían acreditar ese IVA, ya que su actividad principal no es la reparación o compraventa de autos o prestar servicios médicos, etc., sino cubrir riesgos. Desde esta perspectiva, los pagos efectuados para poder resarcir un siniestro no formarían parte directa de su actividad gravada.
El impacto potencial de esta interpretación fue considerable. La autoridad fiscal estimó que, a lo largo de varios años, las aseguradoras habrían dejado de pagar alrededor de 175 mil millones de pesos por este concepto. Esto abrió la puerta a litigios y a una negociación prolongada entre el sector asegurador y el gobierno federal.
El punto de inflexión llegó con el paquete fiscal de 2026. En la Ley de Ingresos se incorporó de manera expresa esta limitante: las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado a sus proveedores por servicios relacionados con siniestros. A cambio, se alcanzó un acuerdo que evitó un escenario más severo: no se aplicarían cobros retroactivos, lo que habría puesto en riesgo la solvencia de múltiples compañías.
No obstante, la consecuencia inmediata de este cambio es clara: el IVA que antes se acreditaba ahora se convierte en un costo directo para las aseguradoras. Y como ocurre en la mayoría de los sectores, ese costo tiende a trasladándose al consumidor.
Diversos análisis estiman que las primas podrían incrementarse hasta en un 20% durante 2026. Este ajuste no solo responde a la nueva carga fiscal, sino que también podría impactar otros elementos de las pólizas, como deducibles, sumas aseguradas y condiciones de cobertura.
El problema adquiere mayor relevancia en un país con baja penetración de seguros. Actualmente, apenas una minoría de la población cuenta con algún tipo de protección: menos del 14% tiene seguro de vida y solo una fracción de los vehículos registrados están asegurados. En este contexto, el encarecimiento de las pólizas podría generar un efecto contraproducente: desincentivar aún más su contratación.
Para los usuarios, el escenario exige cautela, pero no pánico. Especialistas recomiendan revisar detalladamente las pólizas, comparar opciones en el mercado y anticipar posibles ajustes. Cancelar un seguro, advierten, puede ser una decisión más costosa a largo plazo.
La disputa entre el SAT y las aseguradoras revela un tema de fondo: cómo equilibrar la recaudación fiscal sin afectar la viabilidad de sectores clave ni trasladar cargas excesivas a los ciudadanos. Hoy, ese equilibrio sigue en construcción, pero sus efectos ya se sienten, o se sentirán, en el bolsillo de millones de mexicanos.
Fuente: Milenio
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