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Superintendencia de Competencia Económica publica guía sobre conducta ética para empresas en Ecuador
Ecuador, Septiembre 23 , 2026
Fuente: Vistazo
La entidad trazó directrices para que organizaciones de todo tamaño identifiquen irregularidades comerciales y adopten mecanismos de control interno.
La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) presentó oficialmente la Guía de Compliance en Materia de Competencia Económica, un manual técnico diseñado para que empresas privadas, públicas, cooperativas y gremios de Ecuador implementen programas de cumplimiento normativo adaptados a su tamaño y nivel de riesgo.
El término compliance (que se traduce como cumplimiento normativo) consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y buenas prácticas que una empresa o institución adopta para asegurarse de cumplir con las leyes, evitar fraudes y actuar de forma ética.
De acuerdo a la entidad, el objetivo principal de este documento es orientar a las organizaciones en la prevención de infracciones, promoviendo la transparencia en la gestión empresarial y en la toma de decisiones.
La nueva guía adopta un enfoque preventivo basado en riesgos y además identifica áreas críticas del entorno comercial donde suelen presentarse irregularidades, tales como:
Acuerdos y prácticas colusorias (pactos, acuerdos o conductas secretas y fraudulentas entre dos o más partes con el objetivo de engañar a un tercero) entre competidores.
Procesos de contratación pública.
Abuso de poder de mercado y competencia desleal.
Manejo de datos, uso de algoritmos e inteligencia artificial.
Para facilitar su aplicación, la SCE incluyó en la guía herramientas operativas como matrices de riesgos, protocolos para reuniones con competidores, modelos de documentos y canales de denuncia.
Claridad y seguridad jurídica
La SCE explica que un aspecto clave de la guía es la distinción clara entre lo que exige la ley de forma obligatoria, las recomendaciones de buenas prácticas y los instrumentos de apoyo interno.
Según la entidad, esta diferenciación busca proteger la seguridad jurídica de los actores económicos, evitando que las recomendaciones técnicas se confundan con nuevas cargas u obligaciones legales adicionales.
Fuente: Vistazo