Las superintendencias financieras cuestionan un proyecto de ley del Gobierno que otorgaría amplios poderes al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para supervisar a las entidades financieras del país.

Así lo manifiestan la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia de Pensiones (Supén), en notas dirigidas a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, órgano del Congreso que tramita la iniciativa bajo el expediente 24.616.

Las superintendencias expresan su criterio negativo respecto del proyecto de ley para la protección del consumidor de servicios o productos financieros, impulsado por el Poder Ejecutivo, y solicitan a los legisladores que lo archiven.

Argumentan que la iniciativa le otorgaría al MEIC una serie de competencias en materia de protección al consumidor financiero, la mayoría de las cuales ya son ejercidas por las superintendencias, que forman parte de una arquitectura de supervisión financiera que garantiza independencia y especialización técnica.

"De esta forma, se desconoce uno de los principios fundamentales para garantizar una protección efectiva de estos consumidores y, en general, para asegurar una adecuada supervisión financiera, como es la independencia que los reguladores y supervisores deben tener con respecto a las autoridades políticas y a los sujetos supervisados", señalan en una nota conjunta suscrita por Tomás Soley, como superintendente de Seguros y Valores, y Rocío Aguilar, anterior jerarca de la Sugef y la Supén.

Afirman que lo propuesto por el proyecto es contrario al requisito de independencia establecido en los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en otros estándares internacionales de regulación en los mercados de seguros, valores y pensiones privadas.

Añaden que, lejos de fortalecer el régimen de protección al consumidor financiero, la iniciativa desmantelaría el marco legal e institucional vigente, así como los avances alcanzados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y las superintendencias.

"Dado que traslada competencias al Ministerio de Economía, el cual no cuenta con las capacidades técnicas en banca, seguros, valores y pensiones, ni con la experiencia necesaria para ejercerlas. De esta forma, el MEIC asumiría una competencia desde cero, iniciando una curva de aprendizaje y de adquisición de sistemas y recursos humanos que tomaría varios años, si no décadas, consolidar", advierten.

Además, el proyecto señala que la competencia otorgada al MEIC será para regular prioritariamente los servicios crediticios. En cuanto a los demás servicios financieros, la iniciativa dispone que "será posible ejercer las mismas atribuciones sobre el resto de los proveedores de servicios o productos financieros cuando así se estime conveniente".

Esto, según las superintendencias, crearía dos categorías de consumidores financieros: por un lado, los que utilizan servicios crediticios, que estarían protegidos; por otro, quienes usan servicios de pensiones, seguros o valores, cuya protección dependería del criterio del MEIC.

Actualmente, esa distinción no existe, ya que la Supén, la Sugese y la Sugeval tienen asignada esta responsabilidad mediante sus respectivas leyes.

La propuesta también generaría duplicidad de funciones y confusión de competencias.

Las superintendencias sostienen que se crearía una nueva dependencia dentro del MEIC, de tamaño considerable, que supervisaría a todos los bancos e intermediarios financieros, administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras e intermediarios, puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión.

"Necesitaría desarrollar o adquirir costosos sistemas informáticos y atraer personal especializado. Todo ese costo significativo, irónicamente, sería asumido por los propios consumidores, ya que el proyecto sugiere obtener de todos los supervisados hasta un 1 % de sus ingresos brutos", mencionan.

Transgresiones

En la nota, las superintendencias también advierten que el proyecto altera el ordenamiento administrativo vigente en el país.

"Otorga al MEIC una facultad de regulación desmedida, sin ningún parámetro o lineamiento previsto en la ley, incurriendo en una delegación legislativa por remisión normativa excesiva, irrestricta e impropia. Además, genera conflictos y ausencia de controles, ya que el MEIC sería regulador y, al mismo tiempo, supervisor", afirman.

Asimismo, advierten que el Ministerio tendría acceso irrestricto a información sumamente sensible de los consumidores financieros, e incluso a datos de las superintendencias, sin salvaguardas de ningún tipo ni sistemas especializados de protección de datos, como los que sí poseen los entes supervisores actuales.

Para las superintendencias, se trata de un esfuerzo improvisado para asumir funciones, bajo el pretexto de cumplir recomendaciones de la OCDE, pero que en realidad contraviene dichas recomendaciones y las de los emisores internacionales de estándares de supervisión. Estos estándares ya han sido evaluados en los diagnósticos país realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos multilaterales.

Amplias potestades

El proyecto establece el pago de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta un 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias.

Esa carga financiera, derivada del canon propuesto, sería trasladada al consumidor financiero, quien la asumiría a través de los productos que adquiera.

La iniciativa contempla además multas consideradas desproporcionadas para las entidades financieras que cometan infracciones graves a la regulación propuesta.

También se proponen sanciones como la suspensión de operaciones por un periodo de entre cinco días y tres meses, e incluso el cierre de bancos y entidades, sin que se establezca un plazo o criterio definido para ello.

Fuente: Cr Hoy

Enlace: https://crhoy.com/superintendencias-rechazan-plan-del-gobierno-que-le-daria-control-sobre-entidades-financieras/