Fasecolda ya registra 36.415 reclamaciones por cerca de $ 1,2 billones, una fracción de los daños físicos estimados que sigue incrementándose.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejará un enorme costo monetario, pero solo una fracción terminará en las cuentas de las compañías de seguros. La catástrofe no solo dejó cientos de víctimas mortales, miles de heridos, familias enteras damnificadas y poblaciones arrasadas; también volvió a poner en evidencia una de las mayores vulnerabilidades que enfrentan hogares y empresas cuando ocurre una tragedia de esta magnitud y es el bajo nivel de aseguramiento que todavía tiene el país.
Fitch Ratings estima que el impacto patrimonial del sismo sobre las aseguradoras colombianas que evalúa será limitado, pese a la magnitud de la tragedia y a que la primera estimación oficial de daños físicos directos ronda los 30 billones de pesos, equivalentes, según la calificadora, al 1,6 por ciento del PIB de 2025.
La baja penetración de los seguros en Colombia, la amplia cobertura de reaseguro que tienen las líneas más expuestas a este tipo de catástrofes y las reservas catastróficas que la regulación obliga a constituir a las compañías ―hoy sobre los 149 billones de pesos― hacen parte del blindaje de la industria frente a cualquier tipo de siniestro que sobrevenga.
La primera de esas razones tiene, sin embargo, otra cara. Si buena parte de los bienes destruidos o averiados no estaba asegurada, esas pérdidas no serán asumidas por las aseguradoras, sino por las familias, las empresas o el Estado.
Fitch advierte que Colombia mantiene una penetración de seguros baja frente al promedio regional y los mercados desarrollados. Al cierre de 2025, por ejemplo, la penetración del negocio de propiedad equivalía apenas al 0,21 por ciento del PIB; la de vehículos, al 0,36 por ciento, y las líneas de ingeniería e infraestructura, al 0,09 por ciento.
Según la Superintendencia Financiera, el índice de penetración de los seguros en Colombia se ubica alrededor del 3,3 por ciento del PIB, un nivel similar al promedio de Latinoamérica, pero inferior al de países como Chile, que se acerca al 4,6 por ciento, según fuentes de la industria.
El mismo ente de vigilancia del sector advierte que a junio de este año, las primas emitidas por la industria alcanzaban los 30 billones de pesos, mientras la penetración de los seguros de vida era de 1,9 por ciento y de 1,4 por ciento la de los seguros generales, incluidas las cooperativas.
Avanzan las reclamaciones
El tamaño de esa brecha comienza a ser evidente en las cifras posteriores al terremoto. Según el segundo balance de Fasecolda, con corte al 21 de agosto, las compañías habían recibido 36.415 reclamaciones, cuyo valor estimado ascendía a cerca de 1,2 billones de pesos. En apenas una semana los casos aumentaron 248 por ciento, desde los 10.465 reportados el 14 de agosto.
Aunque las cifras todavía son preliminares y continuarán creciendo a medida que sean reportados y valorados nuevos daños, esos 1,2 billones de pesos representan por ahora apenas una pequeña porción de los 30 billones en daños físicos directos estimados inicialmente.
La mayor factura corresponde, como era previsible, a incendio y terremoto: 29.736 reclamaciones por cerca de 1,09 billones de pesos. Le siguen hogar, con 4.696 casos y 76.501 millones; automóviles, riesgos laborales y otros ramos, con 234 reclamaciones estimadas.
Pero las compañías ya habían desembolsado más de 11.104 millones de pesos al corte del 21 de agosto, mientras continuaban los procesos de evaluación. Fasecolda advirtió que la estimación económica seguirá aumentando conforme lleguen nuevas reclamaciones y avance la valoración de las afectaciones.
El Valle del Cauca concentra hasta ahora 15.189 siniestros por un valor estimado de 503.960 millones de pesos; Risaralda, 7.943 por 371.920 millones; Quindío, 4.747 por 111.220 millones, y Caldas, 2.085 por 59.170 millones. En Chocó, donde estuvo el epicentro, se habían reportado apenas 139 reclamaciones por 3.300 millones.
Los reaseguros
El bajo aseguramiento no es, sin embargo, la única explicación del impacto limitado previsto por Fitch. Las compañías locales transfieren una proporción importante de los riesgos que asumen a reaseguradoras internacionales.
En las líneas de propiedad —incendio y terremoto— la cesión alcanzaba 65,6 por ciento al cierre de 2025 y había subido a 66,9 por ciento en mayo pasado, según la calificadora. En términos sencillos, buena parte de la eventual factura no permanecerá en los balances de las aseguradoras colombianas, sino que será compartida con compañías internacionales especializadas en absorber este tipo de riesgos.
A ello se suman contratos específicos de reaseguro catastrófico. Fitch considera muy probable su activación por la magnitud de los daños observados en viviendas e infraestructura y calcula que las prioridades promedio de esos contratos equivalen al 1,85 por ciento del patrimonio de las entidades calificadas, una exposición que considera manejable.
El tercer amortiguador son las reservas catastróficas regulatorias. Esos recursos están destinados precisamente a enfrentar eventos sísmicos bajo las condiciones establecidas por la regulación y, al cierre de 2025, equivalían al 18,8 por ciento del patrimonio contable del sector, de acuerdo con Fitch.
Otros siniestros
El terremoto llega, además, en un año en el que la industria venía registrando una mayor siniestralidad por el conjunto de coberturas que ofrece.
La Superintendencia Financiera señala que, a junio, los siniestros liquidados representaban 49,2 por ciento de las primas emitidas, 3,4 puntos porcentuales más que un año atrás. En seguros generales el indicador pasó de 42 a 43,3 por ciento, mientras en vida saltó de 49 a 54,1 por ciento.
En valores absolutos, hasta junio las compañías de seguros de vida habían liquidado siniestros por 9,06 billones de pesos y las de seguros generales por 5,47 billones (14,5 billones en total). Al mismo tiempo, la industria mantenía un patrimonio cercano a 26,5 billones y acumulaba utilidades por alrededor de 2,6 billones, según el órgano de vigilancia y control de la industria.
Ese respaldo financiero, junto con los reaseguros y las reservas catastróficas, explica por qué Fitch no observa por ahora presiones que comprometan la solvencia ni la capacidad de las aseguradoras calificadas para responder por sus obligaciones.
Pero el terremoto deja una advertencia que va más allá de la estabilidad de las compañías. Ante terremotos, inundaciones, incendios y otros desastres naturales, la diferencia para una familia o una empresa no está solo en cuánto patrimonio perdió, sino en cuánto de ese patrimonio estaba protegido.
En ese sentido, que el impacto final sobre las aseguradoras pueda resultar marginal no significa que también lo sea para Colombia. Una parte importante de la factura que no llegue al sector asegurador tendrá que ser asumida por quienes perdieron viviendas, negocios y otros bienes, o terminará trasladándose al Estado, advierten desde la propia industria aseguradora.
Fuente: El Tiempo
Proveemos información Técnica y Financiera del Mercado Asegurador