El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha acogido la presentación del ‘Estudio sobre nuevos esquemas de financiación para la adaptación al cambio climático, aplicables al sector asegurador español’, elaborado por WWF y cuyo objetivo es definir nuevos esquemas de financiación e inversión para la adaptación al cambio climático.
Instrumentos como las soluciones basadas en la naturaleza, las finanzas combinadas, los bonos y fondos verdes y los valores vinculados a seguros, como los bonos catastróficos y los bonos de resiliencia, “no tienen cabida sin una concienciación previa acerca de la importancia de la adaptación, de la diversificación de las carteras y de la mejora de estándares y definiciones, para evitar el riesgo de greenwashing”, se indica en el informe.
Así, se plantea una serie de recomendaciones y peticiones para distintos actores involucrados en esta problemática. A las aseguradoras se les pide que revisen sus estrategias para incluir inversiones específicas en adaptación y resiliencia al cambio climático. En segundo lugar, que conciencien y formen a las personas de su entorno —sobre todo a los gestores de inversiones— sobre la necesidad y oportunidad de la inversión en la adaptación y resiliencia al cambio climático, como algo necesario y positivo para la economía, “pero igualmente beneficioso para la actividad aseguradora, por el potencial de reducción de pasivos futuros derivados de eventos climáticos”.
Y en tercer lugar, se les pide que fomenten además la inversión directa —propia y de terceros— en adaptación al cambio climático, sobre todo, a través del desarrollo de instrumentos de inversión como fondos verdes, bonos verdes específicamente vinculados a la adaptación, bonos catastróficos y bonos de resiliencia.
Asimismo, a reguladores, supervisores y otros actores institucionales se les pide que conciencien y preparen al sector asegurador a través de debates y formación y que también fomenten las sinergias con otros sectores fundamentales para la adaptación, como las gestoras de activos, la banca, las empresas de infraestructura, las empresas de servicios públicos y el sector agrícola.
En particular, se apela a los supervisores para que revisen los informes anuales de las entidades aseguradoras, con especial atención a las inversiones en adaptación y resiliencia, en línea con la ley de cambio climático y transición energética (LCCTE) y la normativa europea (reglamento SFDR y Taxonomía Europea), con el fin de que promuevan el aumento proporcional de las inversiones en adaptación y resiliencia de la economía frente a los impactos actuales y previstos derivados del cambio climático
Para acabar, al Tesoro Público, a las comunidades autónomas y al sector privado se les insta para invertir en proyectos y activos vinculados de forma concreta a la adaptación y al aumento de la resiliencia de la economía española frente al cambio climático.
En general, a todos los actores mencionados se les sugiere que organicen grupos de trabajo con la participación del sector asegurador “para definir y promocionar planes de acción y así aumentar las inversiones en la adaptación y resiliencia al cambio climático”.
Fuente: Inese
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